Paula Ruiz
La Sala Constitucional resolvió la consulta facultativa que envió la Defensoría de los Habitantes sobre el expediente de ley que pretende ampliar la vida útil de las unidades de autobús de transporte público, de los años 2007 y 2008.
Se trata de la iniciativa de ley 23.782 “Ley para Garantizar el Servicio de Autobús para los Usuarios”, que para los magistrados no contraviene los derechos de personas con discapacidad, según informó el ente constitucional este jueves.
“En la resolución N° 2023-030483 la Sala Constitucional, por mayoría, determinó que el expediente legislativo 23.782 no contraviene el derecho a la consulta que tienen las personas con discapacidad, no incide en forma diferenciada y específica sobre sus derechos porque: ‘la reforma opera de forma neutral para las personas con discapacidad…, la afectación que se podría dar es la misma para otros usuarios del transporte público remunerado de personas en autobuses'”, señaló el tribunal en el documento.
Adicionalmente, consideran que tampoco disminuye los estándares establecidos en la Ley 7600, que se estableció en beneficio de personas con discapacidad.
Los magistrados consideran que el expediente amplía la rigurosidad para los autobuseros que pretendan utilizar autobuses de dichos años, por ejemplo, con más revisiones técnicas en un año, entre otras medidas.
“Por ello, por la forma, la iniciativa no contraviene el derecho a la consulta de las personas con discapacidad”, detalló.
Una vez que los magistrados concluyan con la redacción del texto y lo envíen a la Asamblea Legislativa, el proyecto podrá ser sometido a votación en segundo debate. En caso de que eso ocurra antes del 31 de enero, requerirá la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo para ese trámite.
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La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank argumentó que no se había consultado a personas con discapacidad sobre el expediente. (Archivo)
Los alegatos de la Defensoría
La Defensoría envió la consulta el 23 de octubre, en la que reprochó que el proyecto de ley no había sido consultado con personas con discapacidad que son usuarias de transporte público.
“La consulta no puede verse como una simple norma programática, sino un derecho que se enmarca dentro de la categoría a la participación política”, consideró la entidad.
Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes, consideró que con este plan se expondría a las personas a tener que viajar en “unidades viejas”, con más de 15 años de antigüedad y, a la vez, pagar más por los “pases”.
La iniciativa pretende ampliar la vida útil de los autobuses operados por micro, pequeñas y medianas empresas, así como las que se encuentran en categoría de cooperativas, según la clasificación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Las unidades deberán realizar la inspección técnica vehicular cada cuatro meses.
“Y, además, cumplir con las condiciones de accesibilidad establecidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N.°7600, y su reglamento”, señala el expediente de ley.
El beneficio de extensión de vida útil sería por un año que se aplicarían a partir de que comience a regir la Ley.
Este proyecto surgió como alternativa a la iniciativa 22.530 denominado “Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica provocada por el COVID-19”, que pretendía ampliar a 20 años la vida útil de los autobuses por una única vez. Sin embargo, el plan no tuvo avance en el Congreso tras las críticas de un sector de la población.
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