Josué Alvarado
Este viernes 1 de agosto la Sala Constitucional dio curso a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) en contra del Banco Central de Costa Rica (BCCR), por solicitar datos que la asociación considera son confidenciales.
Ahora la acción entra a estudio por parte de los magistrados.
Como parte de este proceso en 15 días deberán de rendir un informe tanto la superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar, como la gerente general del BCCR, Hazel Valverde.
También deberán referirse al respecto la Procuraduría General de la República (PGR), la directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y la gerente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Floribel Méndez Fonseca.
Según la acción interpuesta por la ABC la solicitud de datos que hizo el BCCR a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) violenta el derecho a la intimidad y la confidencialidad de los costarricenses.
La queja de la asociación dice que se le estaría dando acceso irrestricto a datos sensibles de las personas que obtienen un crédito de cualquier entidad bancaria.
“La información crediticia suministrada por las entidades bancarias a Sugef tiene un elemento esencial que resulta básico para que a una persona se le otorgue un crédito, que radica en la comprobación de su situación socioeconómica o de su perfil socioeconómico, extremo que constituye un dato sensible que no puede ser transferido de las bases de datos de la Sugef al Banco Central, sin violentar los derechos a la autodeterminación informativa y a la confidencialidad”, explica la ABC en su acción de inconstitucionalidad.
Este caso se tramita bajo el expediente 23-020910-0007-CO.
El pasado viernes 25 de agosto la Sala Constitucional también admitió para estudio el recurso de amparo interpuesto contra el banco en el mismo sentido.
El recurrente alega que la entrega de información crediticia a funcionarios públicos no autorizados puede acarrear peligrosas consecuencias de seguridad personal y violar la privacidad con relación a los asuntos personales.
Allanamiento
En relación a este mismo caso, este 1 de agosto el Ministerio Público allanó la Secretaría de Actas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif).
Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) se investigan los presuntos delitos de incumplimiento de deberes tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
La investigación tiene que ver con un acuerdo tomado por los miembros del Conassif para censurar al BCCR por haber hecho esta solicitud de datos. También habrían acordado pedirle al presidente ejecutivo del Central, Roger Madrigal, retirar la denuncia que se interpuso contra Rocío Aguilar, quien se negó a brindar la información.
Según la Fiscalía en esta causa se investiga a Rocío Aguilar debido a que la Sugef no tiene autorización para recopilar datos sensibles.
Por otro lado, informó que “la investigación busca establecer, con base en la evidencia, si miembros del Consejo Directivo del Conassif habrían incurrido en los presuntos actos delictivos”.
