Tomás Gómez
¡Se acabó la espera! A 48 horas de que venciera el plazo, la Sala Constitucional se pronunció sobre la Ley Marco de Empleo Público, en una sesión que tardó seis días.
En términos generales, los magistrados no encontraron mayores problemas en procedimiento.
Además dieron vía libre a regulaciones como el salario global y las restricciones a los salarios en las universidades públicas.
En el lado de los errores, señalaron que sería inconstitucional incluir en el plan al Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto por cuanto estaría dando la rectoría del tema al Ministerio de Planificación que depende del Gobierno.
Llave para recursos del FMI
Originalmente, el proyecto de Empleo Público se propuso como un componente esencial de la Reforma Fiscal del 2018. Los proyectos del Poder Ejecutivo naufragaron pero el tema fue incluido en las negociaciones con el FMI.
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La meta es que sus transformaciones impliquen ahorros multimillonarios en el aparato estatal. La expectativa sirvió para amarrar el préstamo con el Fondo.
El 17 de junio anterior 32 diputados aprobaron el proyecto. Aunque el plan darle votación definitiva a la semana siguiente, llegaron las consultas a la Sala IV para evaluar la iniciativa y la validez de su procedimiento. A ellos se sumó un reclamo de la Corte Plena, que remitió una consulta de constitucionalidad por primera vez en la historia.
Estimaciones realizadas por el Ministerio de Planificación señalan que con el plan de Empleo Público, habría un ahorro de 0,70% del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, las universidades públicas aseguran que sería de 0,14% del PIB.
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