Tomás Gómez
La figura de la “prisión preventiva instrumental”, de la cual se valió la jueza Carolina Lizano para extender las detenciones iniciales del Caso Cochinilla, estuvo mal aplicada.
Así lo determinó la Sala Constitucional, al resolver uno de los 10 recursos de hábeas corpus presentados por los implicados del caso durante las jornadas de la audiencia de medidas cautelares, las cuales tomaron casi dos semanas.
El alto tribunal rechazó la decena de recursos interpuestos, pero hasta ahora comienzan a conocerse detalles de los argumentos con los cuales sustentaron tal decisión.
Según los magistrados, la prórroga instrumental requiere de una prisión preventiva previa, la cual no existía en el caso concreto. Así, la figura regulada como tal en el artículo 258 del Código Procesal Penal no era procedente.
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Pese a ello, la Sala IV dejó en firme la detención pues, a su criterio, las condiciones del Caso Cochinilla hacían imposible avanzar más rápido.
“En un asunto comprobado de alta complejidad en el que deben participar 30 personas imputadas, 6 representantes del Ministerio Público y 27 abogados defensores, tanto particulares como públicos, es irrazonable exigir que las pretensiones deban resolverse en un plazo como el reclamado, máxime, que en el caso concreto no se alegó ni se demostró alguna conducta que haya retrasado injustificadamente el trámite del proceso”, agregaron.
El recurso en cuestión provenía de 3 de los defensores públicos involucrados en el caso.
Estos también cuestionaron una réplica hecha por la Fiscalía, que a criterio de los abogados del Estado, no era válida.
Al respecto la Sala consideró que se trata de un aspecto del Código Procesal Penal que debe dirimirse ante el tribunal respectivo; pues la intervención de los magistrados solo se justificaría ante una violación extrema de los principios.
Toda la consulta fue evacuada mediante la sentencia 2021-14853.
Otro reclamo fracasó por falta de nombres
Junto a la sentencia principal se dictó una segunda (2o21-14803), donde se evacúa un megarecurso a favor de decenas de sospechosos.
Específicamente se trata de un reclamo que una persona no involucrada presentó a favor de 41 investigados. El reclamante pedía que se liberara a todos y se usaran tobilleras u otros mecanismos de monitoreo electrónico.
Este recurso tuvo problemas desde el inicio, pues el recurrente no pudo detallar cuáles de los 41 sospechosos eran los detenidos. La Sala le pidió a la persona más detalles pero esta alegó que la única información que disponía era la que salía en la prensa.
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“Expone que desconoce las calidades de las personas que están detenidas; sin embargo, alega que tal situación no debe ser un obstáculo para darle trámite al recurso. Acota que ha procurado obtener información, pero se le ha indicado que no se le puede brindar un listado, ya que solo los abogados de los tutelados pueden tener acceso a esa información sensible”, señala la sentencia.
Así las cosas, los magistrados terminaron por rechazar el recurso.
“El accionante formula reclamos genéricos y abstractos, sin precisar situaciones o afectaciones concretas”, consideraron.
La maratón del Caso Cochinilla
El Caso Cochinilla reventó el 14 junio con 57 allanamientos simultáneos tanto en oficinas del sector público como el Consejo Nacional de Vialidad e incluso Casa Presidencial.
En ese momento fueron detenidas 30 personas, en su mayoría funcionarios públicos. A todos se les imputó y de inmediato pasaron al Juzgado Penal de Hacienda.
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Ahí comenzó la audiencia para las medidas cautelares, que en teoría debía tardar 48 horas. Dado que era un caso complejo, se duplicó el plazo a 96 horas que tampoco alcanzaron y finalmente se requirieron 12 días para dictar la resolución que dejó libres a todos los sospechosos.
En todo momento los 30 detenidos estuvieron en celdas del OIJ, lo cual ahora vino a validar la Sala IV.
Tras la apelación, dos de los imputados del Caso Cochinilla fueron enviados a 4 meses de prisión preventiva (Tomás Gómez/El Observador)
