Paula Ruiz
El secreto de confesión quedó excluido de un proyecto de ley que pretende obligar a mayores de edad, a denunciar sospechas de abuso, maltrato o acoso en perjuicio de menores.
La iniciativa 21.415 liderada por el oficialista Enrique Sánchez, pretendía obligar a los sacerdotes a denunciar este tipo de actos que fuesen relatados por menores durante la confesión.
Sin embargo, tras su etapa de análisis y consultas se eliminó porque podía ser catalogado inconstitucional.
“Se eliminó porque la Procuraduría General de la República nos indicó que el artículo podía ser inconstitucional porque Costa Rica se ha comprometido a respetar el derecho canónico y por convenios internacionales podía terminar siendo inconstitucional”, explicó Sánchez.
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La Conferencia Episcopal había expresado su oposición a ese plan a través de un criterio emitido a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.
“Lejos de erradicar el flagelo del abuso sexual contra personas menores de edad, se constituirá un serio peligro al ejercicio de la libertad religiosa especialmente de los habitantes de la República que profesamos la fe católica”, respondió la Conferencia Episcopal cuando fue consultado por la Asamblea Legislativa.
Más allá de eso, el diputado consideró inconcebible que un dogma esté por encima de actos contra menores.
Esta es la iniciativa que había desatado el malestar del sacerdote Sixto Varela quien en dicho momento, aseguró que prefería ir a la cárcel antes de revelar una confesión.
“Si a la cárcel hay que ir, pues a la cárcel vamos, pero romper el sigilo sacramental JAMÁS!!!! Dixit!! (sic)”, escribió Varela en Facebook en 2019 cuando se presentó la iniciativa.
Varela es el cura que fue suspendido para oficiar misas durante seis meses contados a partir de agosto anterior.
Los que sí estarán obligados
La iniciativa amplía los puestos o cargos que estarían obligados a denunciar este tipo de situaciones en perjuicio de menores.
Actualmente, el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia obliga a trabajadores del sistema educativo y el de salud a presentar las denuncias ante el Ministerio Público.
Con la modificación acordada, se amplía a:
“También estarán obligados a denunciar ante las autoridades, el personal contratado y todo personal mayor de edad que tenga bajo su cuido y responsabilidad a personas menores de edad que participen dentro de asociaciones, fundaciones, organizaciones sociales o agrupaciones, de índole público o privado de carácter cultural, religioso, juvenil, educativo, deportivo, recreativo o de las denominaciones religiosas“.
Sánchez especificó que con respecto a este punto, en caso de que sacerdotes tengan a cargo menores de edad en ámbitos como la enseñanza, sí estarían obligados a respetar esta norma.
“La relevancia de este proyecto es que muchos abusos a menores son realizados por figuras de poder y autoridad en espacios de confianza, lo cual dificulta que las víctimas denuncien”, dijo.
“Es por eso que queremos es que las personas que poseen contacto permanente con personas menores de edad, también se encuentren obligadas a denunciar, cuando tengan indicios o sospechas de que un menor de edad es abusado”, declaró.
Este proyecto también cuenta con otro artículo que reforma el Código Procesal Penal para que profesionales con secreto profesional, sean testigos de quienes le hayan revelado algún tipo de perjuicio en su contra, cometido cuando fueran menores de edad.
Por ejemplo, si un adulto le cuenta a su psicólogo haber sido víctima de maltrato en la niñez, dicho profesional estará en la obligación de ser su testigo cuando la persona afectada decida presentar la denuncia.
Este proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos y ahora pasa al Plenario para continuar con su discusión final con miras a las respectivas votaciones.
Enrique Sánchez, diputado del PAC, impulsa esta iniciativa. Asamblea Legislativa
