Juan Pablo Arias
Por medio de sus representantes en la junta directiva de la CCSS, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) presentó una moción para que se solicite rendir un informe a la Junta Directiva de qué información se le entregó al Banco Central.
La petición se da después de que Alonso Alfaro, economista jefe del Banco Central, admitiera el pasado 22 de agosto que los datos de los deudores que pretende obtener la entidad es para vincularlos con bases de datos que ya les entregó el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social.
Uccaep pide que específicamente se investigue qué departamento autorizó dicho traslado de información y se indique con qué protocolos cuenta la CCSS para brindar información a otras instituciones. También solicitó que se brinde el criterio legal utilizado para justificar dicha entrega.
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Asimismo, el sector empresarial acuerpó a “los diferentes jerarcas” que velan por proteger la confidencialidad de la información, los documentos y operaciones de las instituciones, empresas y de todos los costarricenses.
“Preocupa al sector empresarial el marcado interés del Banco Central de obtener, de varias fuentes, esta información con un detalle que no es necesario para cumplir con la finalidad estadística que se persigue”, indicó en un comunicado.
Reitera preocupación
La cúpula empresarial reiteró su preocupación con respecto a los requerimientos de información que realiza el Banco Central de Costa Rica, ahora también a los bancos públicos y otras entidades gubernamentales.
Los requerimientos se relacionan con información de las personas físicas y jurídicas sin anonimizar, pago de impuestos, facturación y datos de la condición de aseguramiento en la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otros.
“Preocupa profundamente el almacenamiento, procesamiento y potencial uso de esta mega base de información sensible de las personas sin claridad de los protocolos de acceso y sin fundamento técnico ni legal para su establecimiento”, indicó.
Las manifestaciones se dieron después de que El Observador revelara la noche del miércoles que la información solicitada por el BCCR a los bancos es sobre cuentas de ahorro y corrientes de los ciudadanos y las empresas.
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“Para la Unión de Cámaras no es de recibo justificar la solicitud de información sensible de los costarricenses para fines estadísticos sin anonimizarla y no observa la existencia de criterios técnicos para contar con esta información de forma detallada, centralizada y sin anonimizar”, señaló..
Uccaep recalcó que ante las medidas coercitivas que ha utilizado el Banco Central de Costa Rica, llegando incluso a interponer denuncias penales, las entidades financieras han tenido que atender requerimientos específicos hechos por el BCCR, los cuales considera contrarios al ordenamiento jurídico.
“Uccaep solicita de manera enérgica, poner fin a esta solicitud de información contraria a nuestra Constitución y al derecho de las personas y sus datos”, concluyó.
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