Redacción El Observador
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) presentó una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo ante el Poder Judicial contra el Banco Central de Costa Rica (BCCR) por la solicitud de información que considera sensible.
Las denuncias se realizan luego de que la institución pidiera a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que le transfiera, de manera integral, la cual se obtiene de las entidades bancarias sujetas a la fiscalización de la superintendencia.
Asimismo, recordaron que la posición de la Superintendencia está amparada en el dictamen de su Departamento Legal y la Procuraduría General de la República, así como por los artículos 24 de la Constitución Política, y 132 y 133 de la Ley Orgánica del Banco Central.
“Estos artículos establecen de manera categórica que la información privada de los costarricenses respecto a sus operaciones bancarias y situación patrimonial es confidencial y no puede ser compartida sin consentimiento informado, orden judicial o norma especial”, afirmó Mario Gómez, asesor jurídico de la ABC.
En la acción de inconstitucionalidad, la organización gremial explicó que la información estadística se construye a partir de datos agregados (…) que no incluye datos personales de interés privado y sensibles como la condición socioeconómica o, en general, información confidencial de las personas a las que se les otorga un crédito.
“No obstante, el Banco Central pretende acceder la integralidad, sin restricción alguna, de las bases de datos de crédito de la Sugef que contiene información desagregada concretamente datos personales de interés privado y sensibles cubiertos por la garantía de la confidencialidad, la reserva y el secreto bancario, que permiten la identificación física de cualquier persona que haya sido sujeto de crédito”, indica el documento.
Y aclaran que, es únicamente, sobre los datos agregados que se le suministran al Banco Central de Costa Rica se debe construir y elaborar los resúmenes o información estadística crediticia que publica.
Por su parte, en el recurso de amparo, la Asociación Bancaria Costarricense pide a la Sala Constitucional declarar que la sentencia adoptada por el Banco Central violenta los derechos fundamentales a la autodeterminación informativa, a la intimidad, confidencialidad y reserva mencionados en la Constitución (…) así como todos los derechos fundamentales de las personas que pueden actuarlos a partir de la obtención de un crédito en el sistema bancario (derecho de propiedad, derecho de vivienda, derecho de tránsito o libertad de ir y venir, derecho a la educación, libertad de empresa, derecho a un nivel de vida digno o adecuado y mejora de su calidad de vida).
Y solicitan sentenciar al BCCR al pago de los daños y perjuicios provocados con la lesión de los derechos fundamentales indicados, el pago de las costas procesales y personales del proceso de amparo que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Colaboración de los bancos
Recientemente, Gómez señaló que los bancos han ofrecido pleno respaldo a la opción de entregar la información de manera anónima o agregada. “Esta alternativa no conlleva ningún costo para nuestros clientes y garantiza la protección de su privacidad”, explicó.
Añadió que, a pesar de las diferentes propuestas de brindar información agregada y anónima, el Banco Central de Costa Rica ha insistido en obtener los datos con detalles de identificación y sin contar con el consentimiento informado de los clientes.
“Queremos subrayar que los bancos han sido y continúan siendo colaboradores activos de la institución al proporcionar datos agregados que contribuyen a la creación de diversas estadísticas. Esto se realiza sin necesidad de acceder a información confidencial de los clientes, respetando siempre su privacidad. Nuestra intención es mantener un equilibrio entre la recolección de información necesaria y el resguardo de la confidencialidad de quienes confían en los servicios bancarios”, concluyó Gómez.
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