Tomás Gómez
La búsqueda de datos del Banco Central no se limita solo a información de los deudores, también abarca información pormenorizada de los ahorrantes. La negativa del Banco Nacional de Costa Rica de entregar este información y proteger los datos de sus clientes también le valió una denuncia penal a su gerente general.
Así lo confirmó el BNCR luego de conocerse la existencia de una causa contra su jerarca, Bernardo Alfaro Araya.
El Ministerio Público informó que el proceso se lleva en el expediente 23-000265-1218-P, por un aparente delito de desobediencia. Este se registró en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se remitió a la Fiscalía Adjunta de San José, para que se continúe con el trámite correspondiente.
Según detalló el Banco Nacional, por medio de su oficina de prensa, la denuncia contra Alfaro la presentó el Banco Central en julio pasado, aunque el gerente no ha sido notificado de la misma.
Además se confirmó que estuvo de por medio una solicitud de datos detallados, a la cual la institución no accedió.
“El Banco Nacional no les entregó la información que solicitaron. En esa solicitud de información se incluía un alto detalle de la información de todos los créditos del banco; así como la identidad de los deudores”, indicó en respuesta a El Observador.
“Adicionalmente se pedía la identidad de todos los depositantes, ahorrantes y cuentacorrentistas, incluyendo todos los detalles de los depósitos y montos depositados”, agregó.
Desde el lunes se consultó al Banco Central por la denuncia, pero no se recibió una respuesta al cierre de esta edición.
Segunda denuncia penal conocida
El proceso legal contra el gerente del Banco Nacional se suma a otro que el Banco Central interpuso contra Rocío Aguilar, jerarca de la Superintedencia General de Entidades Financieras (Sugef).
A Aguilar también se le denunció por desobediencia.
El caso trascendió el jueves 17 de agosto, cuando la superintendente informó que Hazel Valverde, en nombre del BCCR, la había denunciado penalmente a la superintendente por la negativa de Sugef a entregar datos financieros de las personas.
La solicitud versaba sobre datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona.
Sin embargo, la asesoría jurídica de Sugef consideró que la solicitud es contraria a la confidencialidad de la información. Por otro lado, señaló que la superintendente, intendente, funcionarios y miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) tienen prohibido suministrar cierta información.
En medio de la pugna, la Sugef consultó a la Procuraduría, que dio la opción de trasladar algunos datos; pero de tal forma que no se pueda identificar a las personas involucradas. Sin embargo, la denuncia ya se había interpuesto.
El trámite de dicha denuncia avanza y la semana anterior se dio una pesquisa de allanamiento sobre actas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) como parte de la investigación.
Dudas y críticas respecto al Banco Central
La búsqueda de datos del Banco Central ha sido cuestionada desde ámbitos financieros, políticos y técnicos.
Incluso se le ha comparado con la UPAD; la polémica iniciativa de manejo de información surgida en la Administración de Carlos Alvarado.
Desde la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) , por ejemplo, se respaldó a Sugef alegando que se trata de información confidencial que no debe ser compartida; pues no es necesaria para la generación de estadísticas o cifras agregadas.
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El sector privado reunido en la Unión de Cámaras (Uccaep) fustigó también la falta de sustento técnico para la petición de datos.
“La información solicitada es contraria a la Ley y no se observa la existencia de una justificación o criterios técnicos para contar con dicha información de forma detallada y centralizada. Además, preocupa profundamente el almacenamiento, procesamiento y potencial uso que se pudiera estar considerando para esta información sensible”, manifestaron en un comunicado.
Lo propio cuestionaron también fracciones como la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Liberal Progresista (PLP).
Las justificaciones del Banco
En medio de la polémica por las solicitudes de datos, figuras clave del Banco como su presidente Roger Madrigal y la gerente Valverde optaron por no dar explicaciones.
La labor de justificación recayó en Alonso Alfaro, economista jefe, quien expuso que pedían información para compararla con otros registros.
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El funcionario admitió que ya tenían información individualizada ligada al pago de impuestos, provista por Hacienda, así como otra tomada de otras instituciones públicas; en la que también es identificable cada ciudadano o empresa. Por ejemplo, también habían datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Como parte de sus justificaciones, el Banco Central había aducido que las estadísticas monetarias, crediticias, financieras, externas, de finanzas públicas, ambientales y de cuentas nacionales, entre otras, deben calcularse según variables que permitan caracterizar y agrupar a las personas físicas y jurídicas.
