Paula Ruiz
Los oficiales de seguridad privada pidieron al presidente de la República, Rodrigo Chaves y al ministro de Seguridad, Jorge Torres, ser incluidos en los planes del Gobierno para combatir la inseguridad ciudadana y ola de violencia.
En Costa Rica hay unos 30.000 agentes privados inscritos ante el Ministerio de Seguridad Pública y se calcula que otros 15.000 operan de forma clandestina, según la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines (ACES).
De acuerdo con Johan Vargas, presidente de ACES, nunca han sido tomados en cuenta para realizar aportes en la elaboraciones de planes nacionales de seguridad y, dada la coyuntura, están dispuestos a colaborar.
“Somos parte de la solución. Le decimos al señor presidente y al ministro de Seguridad que estamos a sus órdenes para que nos tome en cuenta”, dijo Vargas.
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“Estamos tratando de buscar que nos tomen en cuenta para cualquier plan de seguridad a nivel nacional. Estamos inscritos y supervisados por el Ministerio de Seguridad Pública, además estamos certificados con la norma ISO 18788, pero nunca nos han invitado a participar en un programa de prevención nacional”, continuó el vocero.
La Asociación también pide a los diputados, la aprobación de un proyecto de ley socializado entre los miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para darle más herramientas al Ministerio de Seguridad que le permitan luchar contra la seguridad clandestina.
Recalcó que no hay un control, por parte de las autoridades, para saber qué sucede con esas empresas de seguridad que nacen y a los días desaparecen.
Operación Costa Rica segura continúa
Dado el entorno de inseguridad, en el Gobierno siguen adelante con la “Operación Costa Rica segura” que se anunció el 19 de abril.
Este domingo, el ministro Torres ordenó una intervención policial en Finca Los Diablos en Pavas que permitió la captura de 15 personas, en apariencia, ligadas a diversos delitos.
Además, en el lugar encontraron una gallera donde se realizaban peleas de gallos, así como una venta de comidas, licor y sala de videojuegos sin permisos.
Debido a esto, este lunes fue necesaria la intervención de Fuerza Pública, Municipalidad de San José, Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Encontramos una cantidad de gente y una cantidad de armas en actividades ilícitas, sobre todo en una gallera, que es una actividad ilegal en nuestro país. Intervenimos inmediatamente. La policía se va a mantener firme, fuerte y valiente”, indicó Torres.
El Gobierno pretende reducir de 12,6% a 10% la tasa de homicidios al finalizar su gestión en 2026.
En la actualidad, la inseguridad es el principal problema del país, a criterio de los ciudadanos, según reveló la encuesta del CIEP-UCR.
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