Dos años después de haber convocado a protestas para paralizar el país, el dirigente sindical Albino Vargas deberá responder ante los tribunales de justicia.
Los hechos se remontan a setiembre del 2019 cuando Vargas promovió movilizaciones contra proyectos como Empleo Público y la Ley Antihuelgas. Como parte de la estrategia, el dirigente sugirió el bloqueo de fronteras y calles.
Ello le valió una acusación penal donde intervinieron la Fiscalía, la Procuraduría y el grupo Movimiento Ciudadano CR, liderado por la abogada Gloria Navas.
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Las denuncias, donde se endilgaba a Vargas el supuesto delito de instigación pública, pasaron las etapas previas en el Poder Judicial.
En mayo anterior, se determinó su llamado a juicio pero estaba pendiente definir la fecha, que finalmente ha llegado.
La cita será en el I Circuito Judicial de San José en horas de la mañana y se reservó toda la semana para el juicio.
Vargas tendría pena de 6 meses a 4 años
En el juicio, según admitió el propio Vargas, se analizará el supuesto delito de instigación.
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Según el artículo 280 del Código Penal, el delito se configura cuando una persona convence a otra de cometer delitos contra la tranquilidad pública, sin que sea necesaria su materialización.
La pena va de seis meses a 4 años de prisión.
En un video compartido por ANEP, el sindicalista la emprendió contra los denunciantes. Afirmó que es un proceso político y que lleva un buen equipo asesor.