Paulo Villalobos
Javier Chaves, presidente de Aldesa Corporación de Inversiones, figura como imputado en al menos tres investigaciones activas.
De esa forma lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante la consulta de El Observador.
Todos los casos que se siguen contra el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) permanecen en la fase de recolección y análisis de prueba, que es privada para personas ajenas al proceso, según lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.
Por lo anterior no fue posible que el órgano acusador del Estado ahondara en detalles sobre cada una de las pequisas.
El más escandaloso
De las investigaciones que se siguen contra Chaves, sin lugar a dudas la más escandalosa fue la contenida en el numeral 19-157-1220-PE.
Esa es la misma por la cual la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Propiedad Intelectual dirigió 12 allanamientos este lunes.
La causa penal fue abierta a raíz de una serie de denuncias así como revelaciones de la prensa, luego de que se conociera el cese de pagos a unas 600 personas, muchos de los cuales dicen no saber cómo llegaron a tener inversiones riesgosas.
La lista incluye empresas, centros educativos, asociaciones solidaristas y adultos mayores, tal y como lo reveló este medio.
Entre los hechos que se investigan se señala la aparente inducción en error al que fueron expuestos los ofendidos, quienes creyeron que el conglomerado de asociaciones que forman parte de Aldesa, se encontraban siendo supervisadas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Lo anterior habría sido posible dado al vínculo que une a todas las sociedades que integran el grupo (las reguladas y las no reguladas), pues utilizan el mismo espacio físico, recurso humano, sitio web, números telefónicos, marcas, logos, miembros de junta directiva que interactúan, incluso muchos de ellos en todas las sociedades.
El Ministerio Público señaló que también se investiga la forma en que fueron administrados los valores entregados por los inversionistas, con la finalidad de establecer, por medio de la trazabilidad, si efectivamente fueron invertidos, o bien, si fueron utilizados de manera fraudulenta para pagar intereses a otros inversionistas.
Más información sobre el lío que enfrenta el conglomerado Aldesa en las siguientes coberturas previas:
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Paulo Villalobos
