Tomás Gómez
Fue un 17 de febrero de 2020 cuando apareció en el Diario Oficial La Gaceta el decreto Nº41996, en el que el Gobierno creaba una unidad especial que le permitía acceder a los datos más delicados de los costarricenses.
Las consecuencias de esa publicación desembocaron en muy poco tiempo en el histórico allanamiento a la Casa Presidencial, hecho que ocurrió un 28 de febrero, justamente hace dos años.
La norma en cuestión había sido firmada por el mandatario Carlos Alvarado, el entonces Ministro de la Presidencia Víctor Morales y el viceministro de Planificación Daniel Soto desde octubre del 2019. Sn embargo, fue hasta febrero del 2020 que el texto se oficializó.
Fue cuestión de días para que estallaran las críticas de todos los sectores por los alcances que tenía el decreto. Inicialmente Casa Presidencial intentó bajar el tono a las dudas y mostró como llevaba meses trabajando con datos.
No obstante, la presión llevó al Gobierno a derogar el texto en pocos días.
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Ese fue el génesis de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), uno de los escándalos que más afectó al actual Gobierno y que ahora da sus primeros pasos en la vía judicial.
Este es un resumen de varios hechos significativos del proceso y la hoja de ruta que se viene a partir de mayo, cuando Alvarado abandone Zapote y Morales se despida de su curul.
Fiscalía y OIJ allanaron Casa Presidencial por las acciones de la UPAD. Era la primera vez que esto ocurría en la historia (Alonso Solano/El Observador)
UPAD, desde las iglesias hasta las deudas de los ticos
Cuando a finales de febrero del 2020 el Gobierno defendía el trabajo que hacía a partir de datos, diversas investigaciones de prensa develaron hasta dónde llegaba su interés.
El Observador dio a conocer entonces cómo los asesores presidenciales manejaban datos de iglesias y analizaban los apoyos políticos del PAC y Restauración Nacional en plena campaña de elecciones municipales.
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También veían el apoyo a huelgas y asistencia de estudiantes a clases de sexualidad. Con el paso de los días se dio a conocer que la UPAD incluso había intentado acceder a los datos de Sugef sobre información crediticia de los costarricenses.
La UPAD dejó al Gobierno en una de sus peores crisis (Tomás Gómez/El Observador)
Una crisis política y otra legal
El escándalo de la UPAD llegó a uno de sus clímax el 28 de febrero del 2020 (hace exactamente dos años) con el primer allanamiento en la historia de Casa Presidencial.
Pocos días después comenzó una ola de renuncias y despidos encabezada por el exministro Morales.
A partir de ahí quedaron bajo expediente el propio Alvarado, Morales, y Daniel Soto, ahora exviceministro de Planificación.
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También se investiga a la jefa de despacho, Felly Salas; al asesor legal del decreto, Luis Salazar, y los funcionarios Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. Ellos manejaban directamente el tema de datos.
La Asamblea Legislativa desarrolló en paralelo su propia investigación por el caso UPAD. Esta determinó que Casa Presidencial tuvo acceso a una amplia gama de datos de los costarricenses.
El presidente Carlos Alvarado tuvo que comparecer ante la Comisión Legislativa del caso UPAD en febrero del 2021 (Cortesía Asamblea Legislativa)
Caso principal avanza y “minicaso” ya tiene acusación
Desde los allanamientos, el Caso UPAD se lleva en el expediente 20-005434-0042-PE.
“Se mantiene bajo investigación, por varios hechos presuntamente delictivos, relacionados con la violación a los derechos constitucionales y legales de la intimidad y autodeterminación informativa de la ciudadanía costarricense”, señaló Fiscalía.
La causa, sin embargo, ha sufrido múltiples trabas solo para arrancar con la apertura de evidencias.
Entre esos atrasos, sin embargo, la Fiscalía logró sacar una primera acusación contra los firmantes del decreto. Se trata del presidente Alvarado y Morales, ahora diputado, a quienes se les achacaron los supuestos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y fraude de ley, al considerar que la sola promulgación de la norma era una falta en si misma.
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Tanto esa causa como la principal están a la espera de un cambio en mayo, pues tanto el presidente como el legislador pierden sus fueros.
De momento, por ser miembros de los supremos poderes, sus casos los ven directamente el Fiscal General y la Sala III. Tentativamente se espera que después los expedientes pasen a tribunales comunes.
“Después de que varios implicados pierdan la inmunidad, el jefe del Ministerio Público definirá lo que procede”, señaló Fiscalía.
Ante cuestionamientos por su desempeño en las audiencias del caso UPAD, el magistrado Jesús Ramírez debió renunciar a la presidencia de la Sala III (Asamblea Legislativa)
