Josué Alvarado
El director del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), Luis Ávalos, aseguró que hay un “incumplimiento legal” por parte del Gobierno debido a que no le trasladan el presupuesto mínimo establecido por la ley para atender a la población en condición de pobreza.
Ávalos confirmó que esta situación se da desde el año 2020 y por todos los posteriores. Es decir, tanto en la administración Alvarado Quesada como en la actual.
A pesar de que él ocupa el cargo desde julio del 2022 nunca denunció lo que estaba ocurriendo en la vía judicial.
De hecho, a pesar de que él mismo reconoce que se trata de un incumplimiento legal justifica al Ministerio de Hacienda. Dice que por una cuestión de “posibilidad real” la cartera no puede cumplir con el mandato legal.
Según Ávalos, cada año ha alertado al Ministerio de Hacienda que se le está presupuestando un monto por debajo del que dice la ley, pero la respuesta es la misma: no tienen la capacidad para hacerle frente al pago.
“No se ha hecho la transferencia en su totalidad”
Desde el 2018 la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y un posterior criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que cada año se debía destinar un monto igual o mayor a ¢255.583 millones.
Sin embargo, para el 2024, el Gobierno destinará únicamente ¢193.452 millones. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta reconoció que el monto no subirá; tal vez en el 2025 si hay más espacio fiscal, es decir, recursos.
El monto faltante para el 2024 corresponde a: ¢62.000 millones.
“Por las posibilidad que tiene Hacienda en cuanto al tema recursivo no se ha hecho la transferencia en su totalidad”, señaló Ávalos en una entrevista con El Observador.
“La PGR es la que interpreta las leyes, entonces si la PGR lo dice estamos hablando de incumplimiento legal, por supuesto”, añadió.
Ante los cuestionamientos el director de Fodesaf asegura que ha peleado por tener más recursos y señala que su trabajo es usar eficientemente los recursos que sí se le están girando.
“Como sector social necesitamos más recursos. El tema es las posibilidades que tenemos para generar esos recursos”, comentó Avalos.
También dijo que el otro monto que recibe Fodesaf, proveniente de un porcentaje que se descuenta en las planillas de las empresas costarricenses, ha ayudado a hacerle frente a las consecuencias de la baja transferencia gubernamental.
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Ministro podría ser procesado por “incumplimiento de deberes”
Para la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Vanessa Castro el ministro Acosta podría ser procesado por “incumplimiento de deberes”, luego de reconocer que no acatará la orden legal.
“Es reconocer que el principio de legalidad y que el Estado de Derecho no les importa mucho. Eso es lo que significa, no hace lo que la ley les indica”, comentó Castro.
La semana anterior, el diputado del partido Frente Amplio Jonathan Acuña dijo que tomarán medidas legales contra esta decisión de Gobierno.
También se pronunciaron en contra las diputadas del PLN Paulina Ramírez y Monserrat Ruiz.
“Aquí lo que vemos es un Ministro de Hacienda jugando con la política social, con su fuente más importante y más grande que es Fodesaf, y que se niega a cumplir la ley, como ya lo ha hecho en otras ocasiones”, enfatizó Ruiz.
