Gustavo Martinez
El director de Despacho del presidente Rodrigo Chaves, Gabriel Aguilar, instruyó hoy a los ministros de Gobierno y presidentes ejecutivos presentar, en un plazo de 3 días, la lista de programas y proyectos de sus áreas que hayan sido obstaculizados por la Contraloría General de la República.
“Con el fin de llevar un control sobre el cumplimiento de los objetivos y planes del Gobierno, me permito solicitarles rendir un informe a este Despacho dentro de un plazo de 3 días hábiles(vence 19/01/2024), en el que se mencione aquellos proyectos o programas de sus respectivas competencias, en los que la Contraloría General de la República haya intervenido de alguna manera y que, según su criterio, ésta haya impedido u obstaculizado su materialización”.
Así dice el oficio PR-DP-0025-2024 remitido a ministros y presidentes ejecutivos.
Al tiempo de esta solicitud, el presidente Rodrigo Chaves, extendió, este miércoles, una invitación a la contralora Marta Acosta para compartir criterios el próximo 25 de enero.
Así lo confirmó a el jefe de Estado, a través de un comunicado en las redes sociales de Presidencia.
“Me permito invitarla a una reunión para discutir proyectos de interés nacional. Me parece importante entender, de primera mano, la posición de la Contraloría General de la República sobre esos proyectos”, indica la carta firmada por Chaves.
Imagen del oficio PR-DP-0025-2024 remitido a los jerarcas del Gobierno por el jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves.
La cita entre el presidente y la contralora estaría pautada, en caso de la disposición de la contralora, para el próximo jueves 25 de enero a las 3:30 p.m.
Esta reunión se realizaría en el despacho del Jefe de Estado en Casa Presidencial.
Uno de los principales temas a abordar sería Ciudad Gobierno, debido a las advertencias y denuncias del órgano contralor, ante el modelo de arrendamiento del proyecto.
Invitación de Presidencia a la contralora Marta Acosta (Presidencia de la República).
Ciudad Gobierno
Esta citatoria se da luego de las constantes críticas que ha emitido el mandatario, en conferencia de prensa, sobre el rol del órgano contralor y el accionar de Acosta, ante las obras del Ejecutivo.
Esto antecede a la reunión efectuada entre la comisión de Ciudad Gobierno y la contralora Acosta para discutir sobre los alcances y advertencias del proyecto, el pasado jueves 11 de enero.
Dicha cita se concretó, luego de que, el Mideplan solicitara desde el mes de setiembre una audiencia con las autoridades del ente contralor para profundizar sobre los alcances y beneficios de la obra.
El diálogo lo encabezó la ministra de Planificación, Laura Fernández, y también acudieron el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y la diputada y jefa de fracción de Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros.
Laura Fernández, ministra de Mideplan, no comparte el criterio emitido por la Contraloría sobre Ciudad Gobierno (Archivo/El Observador).
La reunión transcurrió con los alegatos de las representantes del gobierno, a la escucha de las autoridades de la Contraloría.
“En la reunión lo que tratamos de ver pues eran las dudas que teníamos desde setiembre sobre algunas advertencias que la Contraloría ha hecho. Estamos muy claros, desde el Gobierno de la República de desarrollar Ciudad Gobierno y por eso es que desde hace meses queríamos aclarar con la Contraloría cuáles son las dudas que ellos tienen”, dijo Fernández ante la consulta de El Observador.
“Nos parece que la Contraloría hace algunas interpretaciones sobre información que aún no estaba concluida, lamentamos que hasta hoy pudiéramos conversar. Creemos que hay que mirar hacia delante, con los dos proyectos en la Asamblea Legislativa”, agregó la ministra.
Tras esa reunión, ambas partes acordaron precisar los alcances de las advertencias emitidas. Mientras que, el ente contralor enfatizó en que su interés no versa sobre frenar el proyecto, aspecto que refutó la jerarca del Mideplan.
Dentro de otros puntos abordados de la audiencia, la jerarca alegó que los argumentos de la Contraloría sobre el artículo 67, a su criterio y de su equipo legal, no están dentro de la Ley de Contratación Pública.
“Nos corresponde ser respetuosos de lo que nos diga, sin embargo, no lo compartimos. Por eso es que llevamos los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para que sea ahí donde se culmine este desencuentro”, enfatizó Fernández.
Negativa
Dicha comisión, en representación del presidente Rodrigo Chaves, insistió en entablar comunicaciones con el órgano contralor, luego que este rechazó, el pasado 5 de octubre, el recurso de revocatoria presentado por el Ejecutivo.
Esta negativa se dio por el modelo de arrendamiento propuesto por el Gobierno, donde se pretende construir en un terreno propiedad del Estado y sin un concurso de licitación abierta, ya que la obra estaría a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El pasado 5 de octubre, el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría resolvió rechazar el recurso de revocatoria, estableciendo una advertencia sobre el modelo de arrendamiento, dejando así el recurso sin lugar con base en una interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
En la resolución del recurso de apelación, el despacho de la contralora Marta Acosta interpretó lo siguiente:
- Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
Ante este escenario, el Ejecutivo presentó, el pasado 14 de diciembre, dos proyectos ante el Congreso y así agotar la vía legislativa en el marco de las sesiones extraordinarias.
Estos proyectos para Ciudad Gobierno son: uno sobre una interpretación auténtica del artículo 67 de la Ley de Contratación Pública y el segundo sobre una reforma a dicho artículo.
Ahora, les corresponde a los diputados la decisión final sobre este proyecto impulsado por el Ejecutivo, durante el período de sesiones extraordinarias que finaliza el próximo 31 de enero.
Ciudad Gobierno es un proyecto promovido por el Ejecutivo, el cual busca la construcción de un complejo gubernamental que albergaría a más de 35 instituciones públicas y a 10.000 funcionarios en un mismo lugar.
Uno de los principales argumentos del Gobierno es que esta obra tendría un costo de $450 millones y estaría a cargo del BCIE, como parte de un empréstito con el organismo internacional. El país solo pondría el terreno para construir.
El Ejecutivo sostiene que el proyecto permitiría un ahorro al país de unos $17 millones anuales.
Será el próximo 25 de enero que se realizaría la reunión entre el presidente Chaves y la contralora para ampliar la discusión sobre este y otros proyectos país.
