Juan Pablo Arias
Al menos 25 viudas y cinco hijas de exdiputados figuran en la lista de los procesos de lesividad que inició el Gobierno ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra las pensiones que heredaron.
Un proceso de lesividad consiste en la revocación un acto de la Administración que resulta perjudicial para el interés público.
Con este proceso se pretende eliminar el exceso de pago en el tope de las pensiones de 78 exdiputados de la República, o sus familiares, quienes a la fecha reciben mensualidades superiores al tope que establece la ley.
El máximo que deberían recibir -según el criterio del Ejecutivo- es el equivalente al salario de un diputado, es decir, ¢3.982.371.
De acuerdo con la información provista por la Casa Presidencial y el Ministerio de Trabajo se trata de:
De ese grupo, la viuda del exdiputado Julio Ruiz Solórzano es la que lleva más tiempo recibiendo la pensión que heredó: desde 1963.
El Presiente Rodrigo Chaves manifestó que la decisión de iniciar el procedimiento legal se basa en el pronunciamiento C-369-2020 de la Procuraduría General de la República, del 17 del setiembre del 2020, en el cual se establece que estas pensiones se deben mantener con el tope que mencionaba la Ley de Pensiones de Hacienda al momento de recibirla.
43 exdiputados
Los procesos de lesividad también se iniciaron contra 43 exlegisladores de la República, con edades entre los 78 y 101 años.
La persona de mayor edad es Francisco Morales Morales (101 años), quien fue diputado de Liberación Nacional entre 1966 y 1970; mientras que el de menor edad es Ovidio Pacheco Salazar (78 años), quien fue legislador de la Unidad Social Cristiana entre 1998 y 2002.
Solo cinco son mujeres; todas estas exdiputadas tienen edades entre 82 y 90 años.
A la lista presentada por el Gobierno se suman otros cuatro nombres. Se trata de Myrna Mayorga, Marta Recio, Julieta Guzmán y Lydia Esquivel.
El gobierno también incluyó a Dolly Muñoz, quien falleció a inicios de mes. Con ella se completa la lista de 78 personas.
