Juan Pablo Arias
La asignación de las categorías de salario único a un 90% de los puestos del Poder Ejecutivo es una de las tareas ineludibles que debe cumplir el Gobierno de Costa Rica para tener acceso a los próximos desembolsos del crédito del programa de Servicio Ampliado (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El requisito debe ser cumplido a más tardar en setiembre de este año, pues será parte de las comprobaciones que hará el Fondo en su quinta visita de revisión, planeada para octubre próximo.
Otras de las tareas pendientes son: la presentación de un proyecto de ley de resolución bancaria y garantía de depósitos -a más tardar en diciembre próximo- y la unificación de los programas de atención social del IMAS en una única ventanilla, cuya fecha límite de implementación es febrero de 2024.
De la consecución de estas metas dependen los desembolsos por cerca de $678 millones que todavía están pendientes de entregar al país, como parte del SAF. En total se aprobó el equivalente a $1.778 millones, de los cuáles el país ya recibió $1.100 millones.
Dicho programa, está previsto para concluir en julio de 2024.
Cambios estructurales
La quinta revisión del SAF, programada para octubre próximo, coincidirá con la segunda revisión del programa de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) y la evaluación exhaustiva de la situación económica general y las políticas públicas costarricenses, en el marco del Artículo IV del FMI.
En esta ocasión, el interés se centrará en el avance de la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, específicamente en la asignación de las categorías de salario único.
Este proceso ya mostró señales de rezago. Así lo admitió Santiago Acosta, representante del FMI en Costa Rica, el martes anterior, en entrevista con varios medios de comunicación.
Debido al retraso, Acosta reconoció que se subdividió el proceso de implementación en etapas debido a que “estaba llevando un poquito más de tiempo de lo esperado”.
La consumación de este requisito será fundamental en las próximas revisiones, las cuales están previstas para octubre y el primer semestre de 2024.
“Nos queda pendiente, y es lo que vamos a monitorear sobre todo la próxima revisión, la incorporación del 90% de los puestos del Poder Ejecutivo a la estructura de salario único; o sea, esta implementación se subdividió en dos etapas, pero hay un compromiso cierto de las autoridades para su cumplimiento y no vemos ningún riesgo de que esto se demore”, señaló Acosta.
También queda pendiente un plan de reformas para fortalecer la autonomía, la gobernanza y el marco operacional del Banco Central.
“Eso es parte de lo que se va a evaluar en la próxima revisión. Vemos compromiso pleno por parte de las autoridades para seguir en esta línea y estamos en contacto permanente con las autoridades para que esto se cumpla”, dijo Acosta.
El SAF contiene un pilar que trata sobre la atención a vulnerabilidades financieras. Sobre este tema la atención se centrará en el seguro de depósitos.
“Tenemos algo que se va a monitorear durante la próxima revisión, que es el envío a la Asamblea Legislativa del proyecto de ley de resolución bancaria y garantía de depósitos. El objetivo es que esté listo antes del fin de diciembre del 2023”, comentó el representante del FMI.
Por último, el país deberá cumplir con la creación de una ventanilla única de atención social para programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a más tardar en febrero del próximo año.
Acosta aclaró que en el memorándum de políticas económicas y financieras que presenta el Gobierno se incluyen otros detalles adicionales de compromisos específicos, sin embargo, estos no se relacionan con metas estructurales que exija el FMI.
