Tomás Gómez
El Ministerio Público ya maneja dos investigaciones contra personas que han ocultado a funcionarios de salud, haber tenido contacto con contagiados de coronavirus.
Ambos hechos ocurrieron en los servicios de ginecología y obstetricia del Hospital San Juan de Dios e implicaron que tras la detección del positivo, un total de 21 empleados hayan sido enviados a aislamiento domiciliar.
En el primer caso, una mujer embarazada y su esposo resultaron contagiados de la enfermedad y lo ocultaron al momento de realizar la cesárea. Las autoridades fijaron una multa de ¢2,2 millones y se inició un investigación judicial.
Durante el fin de semana transcendió un nuevo episodio, donde otra mujer embarazada admitió ser contacto de un caso positivo hasta después de someterse a un ultrasonido, lo que conllevó el envío de más funcionarios a cuarentena.
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Según la Fiscalía ambas causas se siguen contra “ignorado”, es decir aún no se identifica a las personas en cuestión. Pero ya se pidieron las respectivas gestiones al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En ambos expedientes se investiga el delito de desobediencia, que según el Código Penal se comete cuando se desobedecen las órdenes de un funcionario público.
La sanción correspondiente va de las dos semanas al año de cárcel.
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