Paulo Villalobos
Un abogado de apellidos León Contreras invirtió su rol en las salas de la Corte Suprema de Justicia en los últimos diez años, pues pasó de sentarse en el estrado, a estar frente a él.
El jurista laboró entre el 5 de octubre de 2007 y 28 de julio de 2014 como decisor en lo penal tres y cuatro; pero ahora descuenta seis meses de prisión preventiva por aparente tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales.
Lo último luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, ordenara su detención — además de la de otras 18 personas – por sus nexos con la banda de “Chiricano”, la más importante en cuanto a trasiego de cocaína hacia afuera del país que opera en Guanacaste.
Durante su desempeño como juez, León Contreras cometió una falta gravísima y una grave, según constató El Observador.
Además, la Unidad de Trámite Rápido del Ministerio Público lo acusó el 24 de febrero de 2014 por los supuestos delitos de desobediencia y de retención indebida.
Ya fuera del Poder Judicial, pero siempre relacionado a su gestión, la Fiscalía también le atribuyó el 11 de setiembre de 2017 seis delitos de peculado y uno de falsedad ideológica.
Incumplimientos administrativos
El Consejo Superior del Poder Judicial confirmó el 31 de julio de 2014 una resolución del Tribunal de la Inspección Judicial, en el que se acuerda revocar el nombramiento de León Contreras, entonces decisor del Juzgado Penal de Upala, a partir del día siguiente.
Lo anterior después de que se le encontrara responsable de una falta gravísima al haberse negado a presentar un tomo de protocolo ante la Dirección Nacional de Notariado (DNN).
Dicho proceso debía efectuarse a más tardar el 2007, a partir del momento en el que el jurista pasó a ser juez de la República, lo que lo inhabilita de ejercer como notorio.
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Por ello, la Dirección de Notariado le inició un proceso administrativo Nº 09-002364-0624-NO el 6 de noviembre de 2007, con el fin de recuperar el tomo a más tardar.
Contra el entonces decisor además se acordó el 9 de noviembre de 2012 una amonestación escrita, equivalente a una falta grave.
Esta se relaciona la resolución de una solicitud de prórroga de medidas cautelares contra un sospechoso de violación, 157 días tarde. Esa demora provocó que una órgano de alzada declarara ineficaz el fallo y ordenara el cese de las medidas el 17 de junio de 2011.
Acusaciones penales
El caso denunciado por la Dirección de Notariado también fue de estudio del Ministerio Público, bajo el expediente 13-002538-0648-PE.
La Unidad de Trámite Rápido remitió desde el 24 de febrero de 2014 una acusación con solicitud de apertura de juicio.
Este medio intentó conocer, a través del departamento de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, si durante la audiencia preliminar se adoptó o no la petición del órgano acusador; sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Asimismo, el 10 de diciembre del 2019, el sitio de noticias CRHoy.com dio a conocer otro expediente contra León Contreras, que se tramita bajo el numeral 14-000434-0798-PE.
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En este, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) de igual manera acusó y pidió llevar a debate oral y pública al exjuez por seis delitos de peculado y un delito de falsedad ideológica.
“La solicitud fiscal fue acogida por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, el cual ordenó elevar el caso a juicio oral y público, sin embargo, la Fiscalía se encuentra a la espera de que este se programe”, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante la consulta de El Observador.
La segunda causa contra León Contreras ameritó su detención el 24 de julio de 2014, de acuerdo con el portal de noticias. Ello por presuntas irregularidades durante su gestión en el Juzgado Penal de Upala, en Alajuela.
CRHoy.com reveló que los hechos que se le atribuyen se relacionan con el manejo de dineros correspondientes a fianzas y pensiones en el órganos jurisdiccional.
Asesor en legitimación
El director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza, explicó que las investigaciones arrojan que León Contreras colaboraba con la banda de “Chiricano” en el lavado de activos y en colaboraciones sobre temas jurídicos.
“Esencialmente, asesoría jurídica. Captar información de procesos en trámite que de alguna manera pudieran tener relación con la organización. Trasladar esos datos a la agrupación. Aconsejarlos respecto a procesos de legitimación de capitales o modos de ocultación del origen de los bienes. Y, en general, darle soporte a la organización para que pudiera trabajar de la manera adecuada”, especificó el funcionario cuando se le consultó el 4 de diciembre de 2019 sobre los nexos del exjuez.
Cabezas de ganado decomisados a grupo narco en Guanacaste. (Cortesía | Ministerio de Seguridad Pública)
Asimismo, el jerarca afirmó que León Contreras fue fiscal. Sin embargo, el departamento de comunicaciones del Ministerio Público dijo que su Sección de Gestión Humana de la Unidad Administrativa no cuenta con registros de que el abogado hubiese sido funcionario de la institución. Eso sí, en su respuesta a este medio, el órgano acusador precisó que su sistema únicamente tiene los nombramientos de personal hechos del 2005 a la fecha.
Espinoza enfatizó en que, producto de sus ganancias, el grupo criminal fue capaz de adquirir “cientas de hectáreas” de terrenos, principalmente en La Cruz, Guanacaste. Esas haciendas se utilizaban para actividades ganaderas, que funcionaban como mampara.
El día de hoy en horas de la tarde el ICD, vendió 266 cabezas de ganado, de las cuales 30 son toros de Monta, resalta el Toro Campeón el Polvorón, el mismo fue subastado en 6 millones de colones, estos animales fueron decomisados el jueves anterior al ganadero llamado “Chiricano” pic.twitter.com/v4UqqPUO2j
— Guillermo Araya Cama (@GuillermoAraya_) December 11, 2019
De hecho, el 10 de diciembre de 2019, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) vendió 266 cabezas de ganado decomisados en las propiedades de la organización criminal. Dentro de ellas, habían 30 toros de monto, incluido “El Polvorón”, una bestia premiada en los festejos populares de Zapote, San José.
Solo ese animal se subastó en ¢6 millones. En total, la entidad consiguió ¢121 millones.
Oficiales involucrados
En la organización ilícita resultaron detenidos dos funcionarios de larga data en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Se trata de un hombre de apellidos Campos Vega, quien ingresó a la institución como conductor en el 2008 y después pasó a ser agente en La Cruz, Guanacaste.
El otro sujeto es de apellidos Peña Carmona, un policía con 24 años en la Fuerza Pública.
Contra ninguno de ellos se registró procedimiento administrativo alguno. Eso sí, a partir de su captura, se iniciará uno cuando se tenga una resolución de un órgano jurisdiccional.
Otro de los detenidos es un exoficial a quien se le despidió el 1 de abril de 2019, por portación ilegal de un arma en su tiempo libre; confirmó la oficina de prensa de la cartera.
De acuerdo con el director del Organismo de Investigación, Wálter Espinoza, esas personas actuaban como informantes sobre operativos y retenes del cuerpo policial.
Paulo Villalobos
