Tomás Gómez
La audiencia del Caso Cochinilla culminó este martes una de sus etapas más complejas, en la cual los abogados rechazaron las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía.
Cerca de las 3:00 de la tarde, terminaron 5 días de intervenciones donde más de 20 defensores pidieron desestimar las medidas que van desde impedimento de acercarse a testigos hasta prisión preventiva.
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El proceso legal, que lleva una semana en desarrollo se acerca ahora a su desenlace, donde la jueza Carolina Lizano decidirá la situación legal de los sospechosos de aquí a que avance el proceso judicial.
¿Qué presentaron los abogados?
La estrategia de los abogados durante los últimos días fue desmontar los supuestos peligros -ya fuera de fuga, obstaculización o continuidad delictiva- que la Fiscalía achacaba a sus clientes.
Lo que falta en el Caso Cochinilla
Tras los allanamientos del Caso Cochinilla, un total de 30 personas quedaron detenidas el lunes 14 de junio. Ese mismo día fueron indagados por la Fiscalía y puestos a disposición del Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial, en Goicoechea.
El tribunal convocó a audiencia el martes 15 de junio por la tarde en sesiones maratónicas que se extendieron hasta pasadas las 9 p.m. Incluso hubo deliberaciones sábado y domingo.
Inicialmente tuvo la palabra la Fiscalía, que culminó el jueves sus argumentos, y luego correspondió el turno a los abogados de los detenidos.
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Ahora, la jueza dará un plazo para que el Ministerio Público estudie los alegatos y pruebas de los defensores para luego tener una nueva ronda de contestación. Para ello, la jueza convocó a la fiscalía este miércoles a las 8:30 a.m.
Finalizado ese plazo, se deteminará el momento para ventilar la resolución, que se hará de manera oral.
En todo el proceso, los detenidos han estado en celdas del OIJ. Alegando que desde el sábado se venció el plazo legal y que no está bien fundamentada la “prisión preventiva instrumental” que ha permitido prolongar su estancia. Hasta el momento se han presentado 9 recursos de habeas corpus ante la Sala Constitucional para aclarar su situación legal.
