Tomás Gómez
Luego de que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) hiciera pública una querella y denuncia millonaria contra el presidente Carlos Alvarado por el caso UPAD, los defensores del mandatario salieron a criticar a la institución.
Los abogados señalaron a la Procuraduría de actuar sin pruebas y de forma precipitada.
“En el caso UPAD no se ha cometido delito alguno y así se demostrará en el momento oportuno. Tampoco existe ningún daño social que se haya causado y que justifique la querella y el absurdo monto de la acción civil resarcitoria planteada por la Procuraduría, que actuó con precipitación y sin ningún sustento probatorio”, afirmaron.
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“Recordemos que el Ministerio Público presentó una acusación precipitada, sin haber terminado la investigación ni revisado los celulares y computadoras que decomisó en el caso UPAD. Ahora se une la PGR, presentando una acción civil resarcitoria, actuando sin independencia de criterio y siguiendo automáticamente al Ministerio Público en su acción precipitada y falta de prueba”, agregaron en el comunicado que firman conjuntamente los juristas Rodolfo Brenes y Roger Guevara.
Agregaron que se trata de un proceso que genera “pérdida de tiempo y de recursos en acciones sin fundamento legal”.
Procuraduría pide ¢20 millones por daño social
A inicios de mes la Fiscalía había denunciado al presidente Alvarado y al exministro Víctor Morales -actual diputado del PAC-; por 3 aparentes delitos en la creación de la UPAD.
Aunque la revisión de evidencias sigue en proceso, las autoridades consideraron que solo el hecho de firmar el decreto configuró eventuales ilicitudes. La lista incluye prevaricato, abuso de autoridad y fraude de ley.
Por esos hechos la Procuraduría de la Ética Pública se apersonó al proceso, representado al Estado como víctima.
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Además de suscribir la acusación, la Procuraduría pidió este viernes una indemnización de ¢20 millones por daño social. A ello se sumarían los intereses y los costos del proceso legal.
Este proceso, por tratarse del Presidente y un diputado en ejercicio, se tramita con el Procedimiento Especial para Juzgar Miembros de los Supremos Poderes; el cual requiere dentro del trámite a seguir, que la Corte Suprema de Justicia.
Después del 8 de mayo, cuando Alvarado y Morales cesen sus funciones, el caso se llevará en tribunales ordinarios.
UPAD: de investigadora a investigada
El 21 de febrero del 2020 estalló el escándalo por el decreto de creación de UPAD, que habilitaba al Gobierno a acceder a información confidencial.
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El Gobierno corrió a derogar la norma, pero fueron develándose diversas actuaciones del personal a cargo.
Estas incluían datos hasta de iglesias evangélicas, así como diversos trámites para tener acceso a información delicada ante entes como el TSE y Sugef.
El caso quedó judicializado el 28 de febrero del 2020 con la intervención en la Fiscalía en Casa Presidencial.
A partir de ahí quedaron bajo expediente el propio Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia, Victor Morales, y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto.
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También se investiga a la jefa de despacho, Felly Salas; al asesor legal del decreto, Luis Salazar, y los funcionarios Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. Ellos manejaban directamente el tema de datos.
La Asamblea Legislativa desarrolló en paralelo su propia investigación por el caso UPAD, donde se determinó que Casa Presidencial tuvo acceso a una amplia gama de datos de los costarricenses.
