Josué Alvarado
En las alacenas de los hogares y en la seguridad que se percibe al caminar por las calles de Costa Rica es donde se refleja el deterioro que ha sufrido el ingreso de los hogares del país durante la última década.
Las familias con menos recursos económicos optan por reducir las porciones de comida, o bien, por sustituir los alimentos más caros, por otros más accesibles, aunque menos nutritivos.
Otras ya no podrán “darse un gustito”, o preferirán pagar los gastos básicos antes que comprar nueva ropa, vehículo, casa, o invertir.
Ante una disminución en el ingreso, las mismas necesidades por cubrir y a un costo mayor, esta situación también se podría traducir en un aumento en los delitos contra la propiedad.
Un análisis de El Observador señala que durante los últimos 10 años el ingreso real de los hogares de Costa Rica ha caído en un 19,4%.
El monto disminuyó de un promedio mensual de ¢1.145.684 en 2013 a ¢923.079 en 2022.
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Además, el 2022 fue el año en el que los hogares más pobres de Costa Rica vivieron con el menor ingreso en 13 años: un aproximado de ¢197.000 por mes.
Para este análisis se utilizaron montos deflactados. Esto quiere decir que pasaron por un proceso que permite compararlos entre sí y que consiste en corregir las variaciones que provoca la inflación (aumento en el costo de vida) en cada uno de ellos.
OBSERVE MÁS: Hogares más pobres recibieron en 2022 el menor ingreso de últimos 13 años, unos ¢197.000 mensuales
Tres profesionales de la economía y las políticas sociales explican las posibles consecuencias de este deterioro en el ingreso de los hogares:
Peor calidad de vida y menores ventas
La doctora en Economía de la Universidad Nacional, Shirley Benavides, explica que existen al menos tres consecuencias negativas.
La primera de ellas es que se baja la calidad de vida, a través de los alimentos que se compran para llevar a la mesa, la cantidad que se sirve en los platos, las marcas que se utilizan o la frecuencia con la que se consumen bienes y servicios no esenciales.
Delitos contra la propiedad podrían aumentar, señalan expertos (Alonso Solano/El Observador)
"Eso trae como consecuencia otros problemas incluso hasta de delincuencia en algunos sectores del país, por la necesidad de que las familias tienen que comer", explicó.
Para Benavides la diferencia del monto que reciben las familias con menos recursos podría comprometer "los pasajes del mes para ir a la escuela, la merienda del chiquito o la leche".
"Probablemente es dinero que se dedica a bienes de consumo muy básico, bienes alimenticios", señaló la economista y profesora de Lead University, Viviana Blanco.
La segunda consecuencia tiene que ver con que algunas personas, en medio de esta reducción en sus ingresos, opten por trabajar en la informalidad, lo que se traduce en personas o familias sin seguro social, sin oportunidad para ir al médico.
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La tercera consecuencia está relacionada al mercado.
"No hay consumo y hay una cadena con los negocios de la zona, no tienen quién consuma o consuma la necesidad que ellos requieren de venta", señaló Benavides.
Blanco añadió que esta realidad "se traduce en una mayor desigualdad social que eventualmente repercute en mayor violencia, en cierto tipo de comportamientos sociales que no son los que queremos como sociedad".
