Tomás Gómez
Las diligencias del Ministerio Público en el centro de datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en busca de pruebas por el caso UPAD aún no terminan.
El proceso, encabezado por la fiscala general Emilia Navas, arrancó el martes anterior y tiene lugar en Guatuso de Cartago, donde el ICE tiene un centro de datos, entre cuyos clientes está el Gobierno.
Por tratarse de un proceso donde se investiga a miembros de los Supremos Poderes, los actos deben ser dirigidos por Navas y ser autorizados por la Sala III.
La Oficina de Prensa de la Fiscalía señaló que se darían más detalles una vez finalizado el trabajo. El Instituto indicó ha facilitado el trabajo de las autoridades y que el centro de datos opera de manera normal.
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Investigaciones judiciales
La Fiscalía intervino en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) tras los reportes de prensa y la recepción de tres denuncias penales.
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Según el ente acusador, se investigan los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales. En el expediente penal figuran:
- firmantes del decreto: el presidente Carlos Alvarado, el exministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto
- Asesores presidenciales de datos: Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos
- Otras fichas: el ex asesor jurídico Luis Salazar y la exjefa del despacho presidencial, Felly Salas
La recolección de evidencias implicó, por primera vez en la historia, el allanamiento de Casa Presidencial.
Durante las diligencias, realizadas el 28 de febrero, también se allanaron el Ministerio de Planificación y varias casas de habitación. Además se le decomisó el celular a los implicados, incluyendo al presidente Alvarado.
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