Josué Alvarado
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) hacer los cambios necesarios para que todos los funcionarios puedan disfrutar de sus vacaciones.
Esto luego de una auditoría que encontró que en el 2021, la Junta Directiva de Aresep aprobó depositar una compensación económica por vacaciones que no se disfrutaron a 90 de sus funcionarios, lo que significa el 31% del total de la planilla.
Esto representó una erogación total por ¢90.211.555 para el año anterior.
Además, las compensaciones se hicieron para periodos de entre un día y un máximo de 53 días que se habían acumulado.
El ente contralor encontró que la principal razón por la cual las personas funcionarias no habían disfrutado de los periodos de vacaciones es “por altas cargas de trabajo,” según el informe DFOE-SOS-IF-00013-2022.
“El tomar vacaciones en muchos casos compromete la marcha de los procesos o procedimientos institucionales en los cuales participan. En otros casos, la jefatura inmediata limita la cantidad de días de vacaciones para evitar efectos negativos en los procesos de trabajo”, justifica Aresep, según el mismo documento.
Derecho por el bienestar del trabajador
Según la CGR, el derecho al disfrute de las vacaciones se fundamenta en la Constitución Política y el Código de Trabajo.
Además, este último articulado también establece las razones por las que las vacaciones podrían compensarse:
- Cuando el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa tendrá derecho a recibir las vacaciones en dinero
- Cuando el trabajo sea ocasional o a destajo
- Cuando por alguna circunstancia justificada el trabajador no haya disfrutado de sus vacaciones
Por otro lado, según el ente contralor, la Procuraduría General de la República (PGCR) también ha dicho que las vacaciones no se podrán compensar “salvo las excepciones muy calificadas, que ameriten un tratamiento especial”.
Para la CGR la normativa interna de Aresep que permite este tipo de compensaciones no es congruente con el ordenamiento jurídico de Costa Rica.
Esto genera varias consecuencias según el análisis hecho por la CGR: debilitamiento del sistema de control, se atenta contra el bienestar de los trabajadores, incrementa el riesgo de corrupción e impide una adecuada transferencia de conocimiento.
El regulador general de la Aresep, Eric Bogantes Cabezas, ya conoce de los resultados de esta auditoría desde el 14 de diciembre de este año, fecha en la que la autoridad reguladora envió una serie de observaciones que se incluyeron en el informe final.
En el transcurso de la mañana de este martes, después de hacerse público el informe, la ARESEP informó que acatan las observaciones del ente contralor y regularán el cumplimiento de las vacaciones de sus trabajadores.
Información actualizada a las 12:30 p.m.
