Hermes Solano
El crédito de $700 millones que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó a Costa Rica para la atención de emergencias por desastres naturales genera dudas entre los diputados de la Comisión de Hacendarios.
El crédito se anunció desde octubre del año anterior, sin embargo, fue hasta mediados de marzo que se envió el proyecto al Congreso.
Este órgano legislativo está en la discusión del proyecto, con el que el Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pretende intervenir la infraestructura dañada por la naturaleza.
El alto interés que hay que pagar y la falta de rigurosidad en la contratación hacen a los legisladores llenarse de dudas. Y es con este préstamo se le otorga a Costa Rica un plazo de 30 años para cancelarlo a una tasa de 4%.
“Hay dudas centralmente en dos niveles: es un crédito que tiene una tasa de interés significativamente alta, es un crédito caro. El otro asunto que genera dudas es el mecanismo que se utilizaría para ejecutar los recursos”, manifestó Jonathan Acuña del Frente Amplio.
“Es mucha plata y se pretende ejecutar fuera de la ley de contratación administrativa por medio de la CNE y con lo que se denomina firmas de implementación, que no pasan por proceso de licitación normal”, añadió.
Esas preocupaciones las comparte Paulina Ramírez, diputada del PLN y presidenta de Hacendarios.
“Va a generar un proceso bastante engorroso y nos preocupa la ejecución de los proyectos. Quieren obviar la contratación administrativa y eso genera riesgo de que haya irregularidades”, explicó la legisladora.
OBSERVE MÁS: Crédito por $700 millones para daños en infraestructura llegó al Congreso; diputados “harán análisis detallado”
Panorama oscuro
Las dudas dadas a conocer por los dos diputados son compartidas por otros legisladores de oposición que son parte del órgano.
“Las dudas las compartimos diversas fracciones de oposición; las escuché al PLN, Nueva República y el PLP”, indicó Acuña.
Con ese panorama, el proyecto podría rechazarse o dictaminarse de manera negativa, pero los legisladores esperan que en el transcurso del análisis y discusión se puedan solucionar.
“Hay temas que aclarar. A nosotros nos corresponde asegurar que haya una adecuada estructura de costos y que las condiciones sean favorables”, consideró la liberacionista.
La Comisión está recibiendo en audiencia a las diferentes instituciones que estarían involucradas, como el Incofer o el Ministerio de Educación, que comparecieron este miércoles.
“Las obras que se pretenden realizar son de interés de todo el mundo. No dudamos en la necesidad de que se invierta, pero no es lo único que debemos ver”, consideró Acuña.
Para el frenteamplista “si no se aclaran esas dudas se pone en riesgo” la aprobación del crédito.
Distribución de recursos
Según el proyecto de ley presentado así será la distribución de los fondos otorgados en el crédito del BCIE:
-Preinversión son $26,628.5 millones
-Infraestructura resiliente y sostenible $566,336.7 millones
-Supervisión $40,034.8 millones
-Imprevistos y Escalamiento $45,000.0
-Administración $20,000.0 millones
-Auditoría externa $2.000.0 millones
El monto para la construcción de la infraestructura equivale al 80,9% del total del empréstito.
Según el plan se pretende construir o intervenir 150 carreteras, 82 puentes, 38 centros educativos, 72 vías ferroviarias y 2.152 viviendas en condición de riesgo.
Además, habrá un impacto sobre el alcantarillado, sistema de aguas y obras de mitigación en ríos.
Al mando de estas construcciones estarían: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) e Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
