“Esas advertencias creo que, en mi opinión, sobredimensionan algo que no está”.
Con esas palabras el presidente Carlos Alvarado descalificó las advertencias que hicieron los sectores productivos del país sobre las implicaciones negativas que tendría Acuerdo de Escazú en la seguridad jurídica y la atracción de inversiones.
A la vez, el mandatario advirtió que seguirá impulsando este plan en lo que queda de su gestión.
Alvarado respaldó el Acuerdo de Escazú en su discurso anual, por lo que llamó la atención se incluyera en la lista de proyectos que convocó el Poder Ejecutivo para que los diputados conozcan durante el período de sesiones extraordinarias. Durante este tiempo, es el Ejecutivo el que determina la agenda del Congreso.
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Al respecto, Alvarado indicó que no forma parte de la convocatoria inicial pues hay prioridad en otros temas.
“El Acuerdo de Escazú es algo que apoyamos pero tenemos que administrar la agenda. Hoy la prioridad es sacar Empleo Público que está avanzando, necesitamos sacar los proyectos relacionados con el FMI “, justificó.
Eso sí, destacó que la normativa seguirá en los focos de atención para su eventual debate.
Escazú y sus amenazas a la economía
Conforme avanzó el debate sobre el Acuerdo de Escazú diversos sectores productivos advirtieron sobre los portillos legales que abre el documento.
Uno de los análisis más críticos lo publicó la Unión de Cámaras, para quienes se trata de un documento inconstitucional con falencias sintetizadas en 5 puntos:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad que destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisiones públicas.
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Los gremios de industria, alimentación, turismo, construcción, ganadería y exportación también advirtieron sobre los efectos negativos que tendría la normativa.
Incluso la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) advirtió que el Acuerdo podría desalentar las inversiones estadounidenses, claves en la economía nacional.
Costa Rica fuera del plan que vio nacer
El Acuerdo de Escazú fue impulsado por Costa Rica y Chile desde hace 3 años, pero ambos países ahora toman distancia.
El documento fue firmado por 24 naciones pero requiere de la ratificación legislativa.
Para el caso costarricense, los diputados lo ratificaron en primer debate pero la Sala Constitucional anuló el proceso por defectos formales. El trámite encalló desde el 2020 pero recientemente el Gobierno lo volvió a convocar, lo que aumentó las preocupaciones.
De momento, solo el PAC ha manifestado su respaldo completo al plan. Los diputados afines a Nueva República y el PUSC adelantaron su rechazo.
Los que sí completaron el proceso fueron 12 países de la región, lo que puso el rigor el Acuerdo de Escazú desde la semana anterior.
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Se trata de Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Uruguay y México. Por América Central estarán Nicaragua y Panamá.
Además lo ratificaron los estados caribeños de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.
Durante su jornada de inauguración, en abril pasado, la ONU emitió un mensaje de presión a Costa Rica para que se sumara al acuerdo.
Instamos a #CostaRica a unirse al #AcuerdoDeEscazu, un convenio que protege el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en la región. Hoy #DiaMundialDeLaTierra entra en vigor este acuerdo que ya ha sido ratificado por 12 países. https://t.co/3Cz4KHGky0
— Naciones Unidas Costa Rica (@UNCOSTARICA) April 22, 2021