Allan Arroyo
“Si lo hay (el apagón), es culpa de Sutel”. Esta fue la frase del presidente, Rodrigo Chaves, el miércoles anterior en conferencia de prensa, que genera controversia con las empresas televisivas y las emisoras de radio de Costa Rica.
El próximo 28 de junio vencen las actuales concesiones de las frecuencias que permiten a los canales y estaciones prestar el servicio. Los medios de comunicación son usuarios de un bien público para una actividad privada, por lo que deben ajustarse a las directrices estatales.
Actualmente, la incertidumbre rodea al sector, a la espera de que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) informe sobre el futuro de esos permisos de uso a finales de marzo, tres meses antes de que termine el plazo autorizado.
El ministerio fijó la fecha para el 28 de marzo. Estas son las diferentes posiciones en torno al tema.
Críticas al estudio
Desde hace varios años, incluyendo en el Gobierno anterior, los empresarios de medios de comunicación han gestionado acercamientos y han mantenido conversaciones para que el Estado defina, y anuncie con claridad, los pasos a seguir.
Desde la campaña electoral de 2o22 y con la llegada del mandatario Chaves al poder, no es la primera vez que el tema adquiere relevancia, en medio de críticas del jefe de Estado al trabajo de algunos miembros de la prensa y sus medios.
El miércoles pasado, la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, informó que un estudio incompleto de factibilidad y necesidad impide tener clara la decisión. Algunas de las opciones son: sacar las frecuencias a concurso, renovar las concesiones actuales o establecer una prórroga.
Según las jerarca, la petición de ese análisis se hizo a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) el 16 de setiembre del 2022, pero fue hasta el 8 de octubre del año pasado que, finalmente, se saca a consulta.
“Realizamos 5 reuniones con Sutel para aclararles cualquier consulta”, dijo Bogantes, al tiempo que cuestiona los plazos: “Tardamos un año”, agregó.
“En noviembre nos entregaron un estudio incompleto”, reclamó.
La jerarca afirma que ese análisis “tiene que cumplir com una serie de requisitos, lineamientos, y condiciones”.
“No se puede tomar una decisión de decir sí existe una demanda y sacar a concurso”, resaltó la ministra.
El jueves, un día después de esa crítica, la misma Bogantes informó que al no tener los elementos necesarios para una decisión definitiva (sacar a concurso o prorrogar las concesiones existentes), el Gobierno busca una medida legalmente viable, que será comunicada el 28 de marzo.
De esta forma, el Micitt evitaría el apagón de frecuencias que advirtió el presidente Chaves horas antes.
“Estamos comprometidos con la población costarricense para garantizar su derecho de pensar y expresarse libremente a travez de los servicios de radio y televisión de acceso libre y gratuito”, dijo en un video compartido por la Presidencia de la República.
Bogantes agregó que pretenden dar seguridad jurídica al sector y reconoce que están en un proceso complejo.
Cuestionamiento de Chaves
El mandatario Chaves puso en duda la gestión de la superintendencia en el manejo del estudio para definir el futuro de las frecuencias radiales y televisivas.
“No será que Sutel está ‘pateando el tarro’ para que pase esta administración”, consultó Chaves, en la conferencia de prensa semanal del Gobierno.
“Es una situación muy compleja, lo que si es cierto es que la Sutel tarda demasiado en sacar estos estudios”, le respondió la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes.
En ese contexto, el presidente enfiló las críticas a la Superintendencia de Telecomunicaciones y usó una frase recurrente en sus cuestionamientos a otros sectores, afirmando que estaban “sentaditos en la galleta”.
“Es probable que tengan influencias”, agregó, al momento de criticar los montos que presuntamente pagan las emisoras y canales al Estado por el derecho de uso de las frecuencias.
“Yo no puedo echar a los de Sutel, no les puedo demandar nada”, cuestionó Chaves.
(Foto ilustrativa. Freepik)
Sutel responde
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) defendió su accionar que califica como transparente, técnico y en apego a la legislación y sus competencias.
“El estudio técnico presentado al Micitt se apega a las funciones de la Sutel en materia de espectro e incluye recomendaciones al Poder Ejecutivo en línea con dictámenes técnicos emitidos históricamente por Sutel”, dice el extenso comunicado de prensa publicado la semana anterior.
La Sutel se queja que, en reiteradas ocasiones, han solicitado al ministerio ampliar los detalles del plan sobre las frecuencias, incluyendo “los plazos de vigencia y eventual extensión de las concesiones, aspectos de obsolescencia tecnológica, entre otros temas”, sin recibir respuesta.
“Hacer esta reforma para la mejora y actualización del PNAF (Plan Nacional de Atribución de Frecuencias) implicaría varios meses en un proceso a cargo del Micitt y no alcanzaría el tiempo a esta administración para hacer los procesos concursales de radiodifusión”, enfatiza Sutel.
Bajas tarifas
En medio de la discusión sobre el futuro de las frecuencias, desde hace varios años, una de las principales críticas se relaciona con el monto que deben pagar las empresas al Estado para el uso de las frecuencias en radio y los canales de televisión.
Todos los sectores coinciden en que las licencias anuales deben aumentar. Los montos fueron definidos en la ley 1758 (Ley de Radio), del 19 de junio de 1954, es decir hace 70 años.
La ministra Bogantes aseguró el miércoles que los cobros van desde ¢60.000 anuales por una frecuencia en FM, ¢120.000 para un canal televisivo y apenas ¢6.000 para una emisora en AM. Esos montos fueron reiterados y cuestionados por Chaves.
Sobre este y otros puntos, El Observador conversó con Saray Amador, representante del medio religioso Telefides y presidenta de la la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel).
Ella asegura que al mandatario le han informado mal y que esos no son los pagos correctos. También defiende que existen otras obligaciones asociadas que el Ejecutivo no incluye.
“Porque imagínate que todo canal de televisión necesita microondas de enlace y por cada microonda pagamos 500.000 colones al año”, dijo. Ella puso como ejemplo su canal Telefides, de corte religioso, cuyo pago al Estado sube a 5 o 6 millones de colones por año.
Amador recuerda que hay otros beneficios económicos que generan los medios de comunicación. Entre ellos menciona: el pago de otros impuestos (IVA o renta), Seguro Social y otras cargas que generan la gran cantidad de fuentes de empleo del sector.
Pese a estos argumentos, la representante de las empresas radiofónicas y televisivas afirma que, desde hace varios años, impulsan un cambio de ley que aumente de manera razonable el monto a cobrar por las licencias.
“Hemos hecho el esfuerzo en muchas oportunidades, hemos tratado de que se aumente o se adapten los impuestos al día de hoy porque si hay a alguien que perjudique eso es a nosotros”, añadió.
Canartel reconoce un fuerte impacto en la reputación e imagen de las empresas de comunicación.
“Nosotros somos empresarios responsables entonces en función de que no se sigan dañando nuestra reputación y el valor de nuestras marcas (impulsan el proyecto)”, enfatizó.
La vocera de la cámara rechaza tajantemente las críticas que reciben “diciendo que explotamos, sobre todo, lo más grave, que explotamos al ciudadano cuando nosotros trabajamos por el ciudadano”, argumentó.
Saray Amador recordó que en el gremio participan pequeñas y medianas empresas y hasta emprendimientos. Además, defiende que en el caso de las compañías más grandes, las ganancias no son como se piensa por el alto costo de las planillas de personal y lo caro de las producciones que lanzan.
Sobre este tema, y ante las críticas del presidente Chaves que llamó “feudo” a la Sutel, la entidad alegó que los estudios sobre uso de frecuencias no tiene ninguna relación con los montos que se cobran.
“Estos montos que están desfasados en el tiempo, pero corresponde al Poder Ejecutivo presentar una reforma a la Ley de Radio para ajustar estos impuestos a valor presente. Es decir, Sutel no tiene injerencia sobre estos montos”, subraya la Superintendencia de Telecomunicaciones.
(Foto ilustrativa. Freepik)
Primeros datos el interés
Según los datos aportados por la Cámara de Radio y Televisión de Costa Rica (Canartel), en el país operan cerca de 110 estaciones de radio y unos 30 canales de TV.
El “Estudio de Necesidad y Factibilidad para un Eventual Proceso Concursal de las Frecuencias de Radio y Televisión Abierta y Gratuita”, solicitado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones a la Sutel, obligó a una consulta pública para medir el interés del mercado por un espacio en el espectro de radio y TV.
Ese análisis arrojó los siguientes resultados:
¿Por qué solo esas frecuencias disponibles? Esa distribución la define el Estado en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.
La separación entre canales es de 400 kHz en Costa Rica, pero la Sutel propone acortarla a 200 kHz.
"Esto implica la necesidad de una reforma a este plan para optimizar el uso de los recursos escasos, proceso que debe ser ejecutado por el Micitt", argumenta la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Empresarios exigen prórroga
Saray Amador, de Canartel, asegura que lo que pide el sector es la prórroga automática de las concesiones de frecuencias por 20 años más.
Esa medida aplicaría para aquellas empresas que han cumplido con todos los mandatos de ley. Entre ellos están, por ejemplo: pagos al día, todas las obligaciones sociales, cobertura y programación 24 horas.
Los empresarios se basan en el artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones, que dice que "el aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva, por sus aspectos informativos, culturales y recreativos, constituye una actividad privada de interés público".
Se agrega que:
El otorgamiento de concesiones y la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la Ley de radio, N.º 1758, de 19 de junio de 1954, sus reformas y su Reglamento.
Las concesiones se entenderán concedidas por tiempo limitado, pero se prorrogarán automáticamente mediante el pago de los derechos correspondientes, siempre y cuando se ajuste el funcionamiento e instalación de las estaciones a los términos de esta ley.
Amador asegura tener una buena comunicación y relación con la ministra Bogantes, pero dice necesitar garantías por escrito del Gobierno sobre la decisión que se tomará. Las amenazas y posición de Rodrigo Chaves va en contra de los dicho por otras autoridades gubernamentales.
"Lo que nosotros pedimos es que se cumpla la ley por la técnica y la legalidad. El contrato nuestro, firmado por el Gobierno de esos momentos y este es un país de derecho, dice que se prolongará automáticamente por 20 años más", menciona Amador.
¿Puede haber apagón? La presidenta de Canartel enfatiza que técnicamente ellos pueden encender sus transmisiones el 29 de junio, en caso de no tener un pronunciamiento del Ejecutivo, pero lo harían de manera ilegal.
Otra observación es que hay inversiones que el sector empresarial hizo y que aún tomará años en recuperar. Por ejemplo, menciona el cambio a la Televisión Digital, proceso por etapas en Costa Rica, que significó un millonario cambio de equipos y que terminó en zonas rurales en enero del año pasado.
"Nosotros pedimos que se respeten tal cual está leyes y el derecho humano, mas sin embargo, tampoco somos obstinados que sea un plazo razonable. En determinado momento, se habló de un año o dos años, nada más hablamos, pero para nosotros uno o dos años es lo mismo que apagar el 28 de junio. ¿Cuándo vamos a recuperar nosotros las inversiones", enfatizó la vocera.
Además, el gremio de radio y televisión defiende la cantidad de empleos especializados o calificados que generan, de manera directa y directa. También subrayan la labor social, de libre expresión, democrática, de entretenimiento y educacional que desarrollan.
Ante la incertidumbre, y esperando la respuesta del Poder Ejecutivo a finales de marzo, Canartel no descarta medidas legales que se puedan tomar, "como última instancia", recalca Amador.
La presidenta de la Cámara de empresarios en radio y televisión recuerda, además, que el sector enfrenta desafíos como el auge de radioemisoras ilegales y "piratas", que transmiten sin autorización en zonas específicas o usurpando frecuencias ajenas.
El sector empresarial tiene algunas inversiones frenadas, a la espera que se defina el camino a seguir a finales de este mes.
