Tomás Gómez
Un informe del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), al que El Observador tuvo acceso, enlistó varios hallazgos en un centro de atención de la Zona Sur, donde se albergaba a niños en abandono y riesgo social de entre 6 y 13 años.
El documento se elaboró el año pasado, pero se originó con insumos que venían desde 2022.
En él, se abordaban supuestas acciones contra los menores alegando que se trataba de juegos:
De acuerdo a la información del PANI, en ese momento se llevaron a cabo sesiones con diversos integrantes de la organización, así como entrevistas a los menores.
En esa primera fase se aseguró que “no arrojaron elementos donde se identifique un posible abuso sexual”. Eso sí, se dictaron algunas medidas como:
- Firma de un compromiso de prohibición del maltrato físico, verbal y psicológico y del trato humillante hacia los menores.
- Capacitación en temas como disciplina positiva, estrategias para intervenci6n de crisis, sana convivencia, los derechos de los niños y comunicación asertiva.
- Formar a los niños en temas como prevención del abuso y otras formas de violencia o maltrato.
En aquel momento se presentó el caso al Ministerio Público para su valoración. Consultado al respecto, el Poder Judicial indicó que dicho expediente está ahora con desestimación.
Eso sí, en ese instante se ordenó que “independientemente del resultado en la vía penal, a nivel administrativo se recomienda disponer de la no continuidad de las funciones de atención directa de (…) hacia las personas menores de edad”.
La relación del PANI se terminó
Ante la trascendencia de los señalamientos que incluyó el informe, se le consultó al PANI sobre las decisiones que se tomaron.
La institución aseguró que se dio la intervención para atender a “27 niños supuestas víctimas de violencia física y psicológica”.
Dichas acciones arrancaron el jueves 6 de julio del 2023. De ahí se dictó el traslado de 17 niños de la Organización No Gubernamental (ONG) a diversas alternativas de cuido. Las otras 10 personas menores de edad fueron reubicadas, de manera paulatina en el mes de junio.
Para ese momento se interpuso como medida cautelar la suspensión provisional del convenio de cooperación; a la vez, arrancó el trámite para acabar con el acuerdo.
“En este momento, este convenio ya no existe”, afirmaron en el Patronato Nacional de la Infancia.
El PANI detalló, además, que se elevaron los hallazgos a la vía judicial. Lo hicieron, específicamente, ante la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) y ante la Fiscalía Adjunta del lugar.
Finalmente, se detalló que el acuerdo era para atender 25 niños. Por cada uno de los menores, se le hacía al ente religioso una transferencia de ¢389.606,78 mensuales.
Hogar cuestiona las denuncias
Luego de romperse el contrato, la organización mantuvo algunos servicios de atención a niños y, ahora también, a adultos mayores.
Este medio conversó con la persona encargada en la actualidad, de apellido Gamboa, quien cuestionó las denuncias por ser anónimas y por no venir de los menores.
“Nosotros no quisimos trabajar más con el Patronato porque esas indicaciones que decía el PANI eran por supuestas denuncias anónimas que ellos nunca lograron comprobar”, sostuvo.
“Siempre eran denuncias anónimas”, comentó el encargado. “Por las denuncias anónimas que llegaban a un sistema que ellos tienen, ellos se valían de eso. Pero nunca lograron comprobar nada de eso”, sumó.
La vocería criticó también el proceder de la institución estatal.
“La Junta Directiva tomó la decisión de no firmarle más convenio al PANI. Era una constante persecución hacia los frailes, hacia el personal y todo. Y diay, nunca se podía trabajar”, comentó.
Finalmente, acotó dificultades para trabajar con niños.
“Ya ahora trabajar con menores de edad es muy difícil. Nosotros decidimos no trabajarle más al PANI”, cerró Gamboa.
