Redacción El Observador
En medio de la tormenta en el sector financiero que se generó por peticiones de información del Banco Central que incluye demandas judiciales, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) solicitó al ente emisor que que modifique sus sistemas de captura de información para calcular la Tasa Básica Pasiva y permita que los banco puedan enviar los datos pero sin identificar a las personas.
“La Asociación Bancaria Costarricense considera prudente, y solicita expresamente, que la información que las entidades financieras remiten al Banco Central de sus clientes se envíe sin los datos de identificación de las personas, de forma que no permita la individualización ni la vinculación con los datos reportados, para cuyos efectos es necesario realizar ajustes en los sistema de captura, para eliminar, en el archivo XML, los espacios correspondientes a nombre y número de cédula de las personas”.
Así dice la carta remitida por María Isabel Cortés de la Asociación Bancaria al presidente del Banco Central, Róger Madrigal con fecha 11 de setiembre.
La misiva indica que dicha medida tiene “la finalidad de dar espacio para que la Sala Constitucional se pronuncie sobre cuál es la interpretación conforme a la Constitución Política, de las normas que permiten la recopilación de datos estadísticos”.
“El BCCR tiene la capacidad técnica para calcular la Tasa Básica Pasiva sin requerir la identificación de los clientes, y esta modificación beneficiaría a todos. Esperamos que la Sala Constitucional analice esta cuestión fundamental y proporcione una dirección clara sobre cómo abordar este equilibrio delicado en la era de la información”, dijo a través de un comunicado de prensa, el asesor económico de la organización bancaria, Ronulfo Jiménez
El economista explicó que propuesta hacen se basa en dos hechos fundamentales: primero, que la Autoridad Monetaria tiene la capacidad de calcular la Tasa Básica Pasiva sin necesidad de identificar a los clientes. Y segundo, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) ha ordenado al Banco Central de Costa Rica suspender cualquier solicitud de información que incluya datos personales de los habitantes.
“Desde 2016, los bancos han cumplido con la obligación establecida por el Banco Central de Costa Rica de enviar información relacionada con depósitos del público para el cálculo de la Tasa Básica Pasiva, incluyendo la identificación de los clientes, ya que la plataforma tecnológica proporcionada por el BCCR para la transmisión de estos datos no permite el envío de información sin ese detalle. En otras palabras, los bancos no tienen la opción de enviar la información en forma anónima”, agregó Jiménez.
Al menos cuatro procesos judiciales o administrativos se han iniciado desde que trascendió la intención del BCCR de obtener datos y la posterior denuncia contra la superintendente, Rocío Aguilar, quien se negó a darlos por considerarlos confidenciales.
Acotó que la Asociación Bancaria Costarricense ha recurrido a la Sala Constitucional con el objetivo de buscar claridad en el marco que debe regir el respeto a uno de los derechos más importantes en la sociedad actual: la autodeterminación informativa.
“Nuestra solicitud al Banco Central se centra en la protección de la privacidad de los clientes de las entidades bancarias. Creemos firmemente en la importancia de salvaguardar los datos personales de los ciudadanos mientras se cumple con las obligaciones estadísticas necesarias”, expresó.
El presidente del BCCR, Róger Madrigal (Josué Alvarado | El Observador).
Reunión de última hora
El viernes anterior, el Central citó a los gerentes de los bancos comerciales a una reunión de última hora.
Durante la cita, se les explicó la posición de del ente emisor sobre la transferencia de datos de los costarricenses entre instituciones.
Además, según trascendió, las autoridades del Banco Central indicaron que continuarán pidiendo datos relativos a depósitos y créditos de los clientes bancarias y vinculados a su número de cédulas porque así se estila para hacer el cálculo de la Tasa Básica Pasiva.
El Banco Central está en el centro de una tormenta que se desató en el sector financiero costarricense tras conocerse que su gerente, Hazel Valverde, presentó denuncias penales contra Aguilar y Bernardo Alfaro, gerente del Banco Nacional.
Las denuncias refieren a la negativa de las instituciones a entregar datos individualizados de ciudadanos y las empresas, los cuáles son solicitados por el Banco Central con el argumento de que son necesarios para calcular nuevos indicadores.
La información solicitada por la Autoridad monetaria incluye datos pormenorizados de todos los deudores y los ahorrantes del país; de ahí la reticencia de la superintendencia y los bancos a entregar dichos registros sin anonimizar.
Representantes del sector empresarial han manifestado su preocupación por las denuncias penales planteadas por el Banco Central para obtener la información. También pidieron un informe a las autoridades de la CCSS por la información entregada.
Diputados de los partidos Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional han comparado el caso con la fallida Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), del Gobierno de Carlos Alvarado, por el interés en obtener datos considerados confidenciales.
