Josué Alvarado
Cálculos de la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi) concluyen que durante los últimos dos años y tras la aprobación de la ley de usura, unas 60.000 personas en condición vulnerable han quedado excluidas del sistema crediticio.
Esto quiere decir que tras no poder obtener préstamos en el sistema regulado (como bancos y cooperativas) tampoco puede optar por un microcrédito.
Ante esta situación, hacen un llamado a los diputados para impulsar el proyecto de ley 23.101 llamado Ley para la promoción y regulación del microcrédito como fomento para la inclusión social financiera en Costa Rica.
Esta plan establece, entre otras cosas, una reducción máxima del interés y crea cuatro formatos del microcrédito (cada uno con su propio límite):
- Mujer
- Personal
- Personal sin historial crediticio
- Productivo
El proyecto lo presentó la diputada socialcristiana Daniela Rojas el pasado 10 de mayo y se encuentra bajo estudio en la Comisión de la Mujer.
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Microcréditos: no mayores a ¢675.000
Se entendide por microcrédito un préstamo cuyo monto no exceda 1,5 salarios base de un oficinista 1 del Poder Judicial, es decir, cerca de ¢675.000.
Acuden a este tipo de préstamos personas que no cumplen el perfil en el sistema regulado. Las más afectadas son las mujeres y aquellas personas con el riesgo crediticio “manchado”, según la Asocomi.
En el 2020 entró a regir la Ley contra la Usura Crediticia, que entre otras cosas impuso a las entidades financieras del país un tope para el cobro de dicha deuda.
La presidenta de la Asocomi, Mónica Navarro, explicó que cuando se bajaron los topes que podían cobrar a sus clientes, aumentó el riesgo de pérdida para las empresas.
Es decir, antes del 2020 a estas 60.000 personas se les podía cobrar tasas de interés más altas por los microcréditos, debido a que regularmente son clientes en condiciones financieras no favorables.
“Cuando es demasiado el riesgo y no estás teniendo los rendimientos necesarios para de alguna forma compensar el riesgo a lo largo de todos los procesos que hay no siempre se puede apoyar”, señaló Navarro vía telefónica.
Otro de los elementos que juegan en contra, explica la vocera, es que todos los costos asociaciados al trámite del crédito (estudios, cobros, aprobación) se deben incluir en la misma tasa de interés a la cual el Banco Central de Costa Rica (BCCR) le establece un tope.
Navarro dijo que para corregir esta situación sería necesario aumentar los topes establecidos en el 2020.
Los topes máximos a los intereses o topes de usura para el segundo semestre del 2022 son:
- Préstamos y tarjetas de crédito en colones: 33,41%
- Préstamos y tarjetas de crédito en dólares: 27,72%
- Microcréditos en colones: 47,23%
- Microcréditos en dólares: 39,32%
