Paula Ruiz
El proyecto de ley de objeción de conciencia se aprobó este martes en la Comisión de Gobierno y Administración.
La iniciativa busca que empleados públicos y privados se nieguen a brindar un servicio por motivos religiosos o morales.
El plan busca proteger a los habitantes, “contra la imposición de creencias y excesos por parte del sistema o de quienes administren el poder, además resguarda el derecho de las demás personas y la continuidad de los servicios públicos”, señaló el grupo de legisladores.
Jonathan Prendas, vocero de este grupo de legisladores, defendió que el plan protege a los que creen y a los que no.
“Es decir, se constituye en el proyecto más vanguardista en la protección de los derechos humanos de absolutamente todos los costarricenses”, señaló.
Explicó que este plan es más amplio al articulado contenido en el proyecto de Ley de Empleo Público porque en este último caso, solo resguarda a empleados públicos que no quieran asistir a capacitaciones.
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“Queremos una herramienta que evite la discriminación expresa y que obligue a las personas a renunciar a sus creencias más profundas”, comentó Prendas.
De esta manera, los trabajadores deberán indicar por escrito su oposición cuando considere “que su integridad y dignidad pueden ser vulneradas”, señala el texto aprobado.
Cuando esa decisión se realice por parte de un empleado público, el Estado deberá suplir la eventual carencia de personal en servicios públicos esenciales.
Lo hará con personal que no encuentre lesionados “sus derechos humanos y que no sean objetores de conciencia”, continúa el proyecto.
PAC evitará su aprobación
El proyecto avanzó gracias a los seis votos de los siguientes legisladores: los independientes Jonathan Prendas y Dragos Dolanescu, los verdiblancos Luis Fernando Chacón y David Gourzong así como los socialcristianos José María Navarrete y Pablo Heriberto Abarca.
En contra se manifestó la independiente Zoila Rosa Volio y el oficialista Víctor Morales. Gourzong por su parte, justificó su apoyo aunque señaló que el texto debe de ser corregido.
“Le hizo observaciones al texto sobre hechos que nos hacen pensar que hay temas constitucionales que tienen que ver con artículo 194-11 de la Constitución que ameritan algún ajuste con el fin de que podamos mejorar el proyecto de ley para que cuando llegue a discusión, no surtan problemas de fondo”, acotó.
En contraparte, Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró que harán todo lo posible para que el proyecto no sea aprobado.
Sánchez indicó que presentarán mociones “para evitar su aprobación en el Plenario Legislativo”.
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El rojiamarillo recalcó que la figura de objeción de conciencia no está reconocida por organismos internacionales dedicados a los Derechos Humanos.
“Debido a que permitiría que instituciones y empresas discriminen no solo a trabajadores sino, también a las personas usuarias, crea un mecanismo violatorio de los Derechos Humanos de las poblaciones más vulnerabilizadas por medio de objeción de conciencia”, manifestó.
Con el dictamen del proyecto, ahora continúa su camino hacia el Plenario, en ese espacio es donde podrán presentar las enmiendas.
Enrique Sánchez, diputado del PAC, indicó que harán todo lo posible para evitar la aprobación del proyecto. (Cortesía Asamblea Legislativa).
