Juan Pablo Arias
La junta directiva del Banco Central de Costa Rica emitió un dictamen negativo sobre el proyecto que suspendería de forma permanente la aplicación de la regla fiscal a los gobiernos locales.
La idea está contenida en la iniciativa “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de Covid-19”, contenido en el expediente legislativo Nº 21.922.
Según la directiva del Banco Central, el proyecto de ley carece de sustento técnico, es perjudicial para la sostenibilidad de las finanzas públicas y es contrario al deber de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
“Si bien el Banco Central apoya las acciones tendientes a mitigar los efectos macroeconómicos y sociales negativos asociados con la rápida propagación del COVID-19, en criterio de la junta directiva el proyecto de ley 21.922 no parece claramente orientado en esa dirección, y más bien tendría consecuencias macroeconómicas perjudiciales para el país”, señala la entidad en un comunicado.
Un proyecto sin claridad
El proyecto de ley autoriza el aumento en la planilla y en los gastos administrativos de las municipalidades en el bienio 2020-2021.
Sin embargo, a juicio del Banco Central, no presenta una explicación clara sobre la vinculación entre la pandemia por COVID-19 y la necesidad que tendrían las municipalidades de incrementar sus gastos administrativos. Tampoco señala el proyecto la forma en que sus disposiciones incidirán positivamente sobre la población supuestamente beneficiada.
“En este sentido, el plan de ley se funda en un razonamiento contrario a la lógica y a la intuición económica”, indicó la Autoridad Monetaria.
“El proyecto se funda en el argumento de que, en respuesta a la eventual reducción en los ingresos de las municipalidades que causaría la actual pandemia (que el proyecto no estima), es preciso aumentar sus gastos. Eso, por supuesto, iría en perjuicio de la salud de las finanzas públicas”, sentenció la entidad.
Agregó que no existe justificación alguna para desaplicar permanentemente la regla fiscal por la supuesta atención de una emergencia temporal, como lo pretende uno de los artículos en el proyecto.
“Los gobiernos locales reciben transferencias del presupuesto de la República, por lo cual la difícil situación fiscal y la búsqueda de la sostenibilidad en las finanzas públicas no les son ajenas. Además, es claro que las obligaciones de los gobiernos locales podrían convertirse en pasivos contingentes para el Gobierno, en caso de una inadecuada gestión financiera”, señaló el Banco Central.
Debilitamiento de procesos de compra
El artículo 10 del proyecto plantea realizar procesos de contratación administrativa sin utilizar la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicoo).
En opinión del Banco Central, eso debilitaría la aplicación de criterios que permitan identificar las mejores opciones de compra, y entorpecería la transparencia debida y la rendición de cuentas en el uso de los recursos del Estado.
La iniciativa tampoco contempla el impacto sobre los ingresos de al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda o e la Junta Administrativa del Registro Nacional que dejarían de recibir las transferencias de las municipalidades por dos años. En particular, el Banco prevé que la supresión de esas dos transferencias tiene una implicación adversa sobre el déficit fiscal.
