Paula Ruiz
El Banco de Costa Rica (BCR) advirtió que en caso de concretarse la venta de la entidad, se vería afectada porque las instituciones públicas tendrían que retirar sus recursos de esta opción financiera.
Esto, por cuanto la Ley del Sistema Bancario Nacional en el artículo 60, obliga a las instituciones públicas a mantener sus recursos en bancos comerciales.
“Es imperativo que en el momento en que se finiquite una eventual venta, los recursos que mantienen actualmente dichas entidades deban de emigrar (se deben retirar), lo cual, tendría un impacto en la solvencia y liquidez de la Institución, capacidad para generar negocios, indicadores regulatorios, entre otros, y con esto, el valor del Banco se vería afectado”, señaló Douglas Soto, gerente general de la entidad financiera.
De acuerdo con la gerencia, una porción muy relevante de las captaciones institucionales proviene de entidades públicas que privilegian la inversión o depósitos en razón de la
naturaleza pública del BCR.
Así lo expuso en el documento GG-10-512-2022 enviado a la diputada María Marta Carballo tras consultas de la socialcristiana en el marco de la discusión del proyecto de ley 23.331 “Ley de Venta del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica”.
Uno de esos casos, es el Poder Judicial desde donde se indicó que el plan de venta afectaría su funcionamiento en tanto existen diversos convenios de servicios con el BCR, entre ellos los trámites bancarios para ejecución de las sentencias.
Durante su audiencia de este martes en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso, Soto explicó que con el retiro de estos fondos, el valor público se vería disminuido.
“Eso es lo que un estudio económico que hoy no lo hay, tendría que determinar, cual es el precio base para vender el banco”, afirmó ante los diputados.
Adicional a lo expuesto por Soto, fue claro en la carta en que el avance del proyecto en el plenario legislativo y el mensaje que se genere desde este órgano del Congreso, podría detonar salidas de recursos por parte de clientes.
“Podría generar mayores grados de incertidumbre generalizada en los clientes que podrían detonar en posibles salidas de recursos, lo anterior al percibir que existen más probabilidades de una eventual venta”, afirmó el gerente general.
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Aunque se vislumbra este panorama, el Banco aceptó que hasta el momento no tienen una afectación a partir del 16 de agosto, día en que el presidente Rodrigo Chaves anunció el interés de su Gobierno por vender esta entidad financiera.
“Prueba de ello es que los indicadores de liquidez no se han deteriorado, se mantienen estables y están respondiendo a la dinámica de la coyuntura económica actual dictada por el Banco Central mediante una política monetaria restrictiva”, afirmó.
“Incentivo perverso”
Por otra parte, el riesgo reputacional derivado del anuncio de la venta podría azuzar el
retiro de depósitos por parte de los ahorrantes, advirtió el BCR.
En caso de que esa salida sea masiva, podría desestabilizar la estructura de fondeo de la entidad.
Adicionalmente, el anuncio de venta pondría en riesgo la relación con bancos internacionales que son proveedores de fondos, según estimó Soto.
Ahora bien, el banco advirtió que durante los últimos dos años, han realizado arreglos de pago con tal de lograr un balance entre pagos y alivio para los deudores afectados por la pandemia.
Para ello, realizan procesos de medición del estado de la salud financiera de los clientes para determinar la capacidad real de pago.
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No obstante, con el anuncio de venta, esto podría cambiar, según dijo Soto.
“La señal enviada con el anuncio podría significar un incentivo perverso para los deudores para incumplir las obligaciones vigentes y deteriorar la calidad de la cartera de crédito, con efectos negativos sobre la rentabilidad y la suficiencia patrimonial”, advirtió.
Douglas Soto gerente general del BCR, destacó las afectaciones que sufriría la institución en caso de venta.
En estudio
El análisis de la venta del BCR inició la semana pasada en la Comisión de Asuntos Económicos donde se aprobaron audiencias y consultas a diferentes entidades públicas y privadas.
Desde ya, hay voces en contra por parte de diputados que integran este foro, entre ellas la socialcristiana Vanessa Castro, quien advirtió que no estaría de acuerdo en vender sin un análisis riguroso.
En tanto, el Frente Amplio se mostró en contra y, en la Comisión tienen a la legisladora Sofía Guillén como representante de la bancada. Mientras tanto, Kattia Rivera de Liberación Nacional, indicó con anterioridad que no dará su voto para concretar la venta.
“Yo puedo decir que la mayoría (de diputados del PLN) estamos en contra de la venta del banco”, dijo Rivera en octubre.
Las únicas bancadas abiertamente a favor de este plan son la oficialista y el Liberal Progresista, cada una con un diputado como miembro de la Comisión de Económicos.
El periodo de audiencias inició este martes con la presencia de Soto.
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El Gobierno aduce que la venta del BCR y Bicsa permitirá ingresos equivalentes al 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Según la iniciativa de ley, el precio a la venta podría estar en $1.785 millones, mientras que la deuda pública asciende a $42.000 millones.
Una encuesta realizada por el Idespo-UNA en agosto anterior, señala que un 47% se mostró en contra de esta medida anunciada por Chaves, en contraparte, un 40,2% está a favor de esta venta, un 6,1% ni a favor ni en contra y un 6,7% no sabe o no respondió.
De los expresidentes de la República, solo el socialcristiano Miguel Ángel Rodríguez se ha mostrado a favor de la venta del BCR.
La Comisión de Asuntos Económicos es la encargada de analizar este expediente de ley. (Cortesía Asamblea Legislativa)
