Tomás Gómez
Aunque un informe presentado ante la Corte Suprema de Justicia afirmaba que el Poder Judicial no se vería afectado en caso de que se llegue a vender el Banco de Costa Rica (BCR), una aplastante mayoría de 18 magistrados rechazó el dictamen, declarando lo contrario.
Todo el debate se dio en menos de media hora y ahora se suma a las voces con reservas ante el plan gubernamental.
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Originalmente, al magistrado de la Sala I, Luis Guillermo Rivas, se le había asignado el estudio del texto. Él expuso su análisis, donde se concluía que si bien podrían aparecer retos logísticos, no habían afectaciones directas.
“La ley de venta del conglomerado financiero Banco de Costa Rica no incide en la organización ni en funcionamiento sustantivo del Poder Judicial, siendo que no establece nuevas obligaciones para la administración de justicia ni tampoco limita las que actualmente ejerce”, afirmó.
De inmediato, varios de sus compañeros tomaron la palabra para fustigar tales conclusiones y amparar el criterio contrario.
Los argumentos de los magistrados
En términos generales, los magistrados se opusieron alegando que existen diversos convenios de servicios con el BCR. Estos incluyen transferencias de pensiones alimentarias y hasta el préstamo de dos instalaciones del Banco, donde el Poder Judicial tiene una bodega y unas oficinas.
Iris Rocío Rojas, de la Sala I, fue la primera en tomar la palabra para exponer su rechazo a los argumentos del magistrado Rivas.
Según ella, sí había afectación porque esos trámites bancarios son parte de la ejecución de las sentencias. Además, fustigó que en caso que tener que trasladar servicios al Banco Nacional -como ente público que quedaría-, los tiempos son apremiantes.
“”Me parece que sí le está dando funciones porque dice:”está obligado en 6 meses”. Bueno, ese es un plazo desproporcionado tomando en cuenta que el BCR es un colaborador de la administración de justicia”, dijo.
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A partir de ahí, varios jueces comenzaron a darle la razón, entre ellos Jesús Ramírez de Sala III y los suplentes Huberth Fernández, Mauren Solís y Fernando Lara.
Fernández insistió en analizar el tipo de atención que da el BCR dentro de los procesos judiciales.
“Los servicios que presta el Banco de Costa Rica, si bien son de naturaleza financiera no pueden considerarse exactamente igual a los que se prestan a los clientes particulares o privados”, manifestó.
Otro de los temas en el aire fue cómo se pasarían las operaciones al Banco Nacional en caso de privatizarse el BCR.
Según el magistrado Rivas, ya hay conversaciones entre el Poder Judicial y la institución, pero las dudas se mantuvieron.
“El proyecto es omiso en las formas en como esos servicios van a ser asumidos en este caso por el Banco Nacional”, declaró la magistrada Ileana Sánchez.
Ahora, ¿qué pasará?
La venta del BCR fue propuesta por el presidente Rodrigo Chaves en su discurso de los “100 días”. Según se defendió entonces, los recursos se destinarían al pago de deuda.
El proyecto, sin embargo, dependerá de la suerte que tenga en la Asamblea Legislativa.
Ahí existió una polémica inicialmente sobre si necesitaría una mayoría simple (29 votos) o calificada (38 votos). Aunque el Gobierno se decantaba por la primera, un informe de servicios técnicos determinó que por el cambio de naturaleza jurídica en el BCR, si se necesitaría el apoyo mayoritario.
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El nuevo criterio de los magistrados viene a ratificar ese número. Esto por cuanto la ley exige que en aquellos casos en que los diputados quieran votar contra el criterio judicial necesitan dos terceras partes de la Asamblea.
De momento, el proyecto se revisa en la Comisión de Asuntos Económicos. Para las sesiones extraordinarias que arrancaron la semana pasada, el Gobierno limpió la agenda, de manera que el foro solo se dedique a ver el tema de la venta del BCR.
En su discurso de los 100 días, el presidente Rodrigo Chaves anunció la venta del BCR y Bicsa, así como una parte del INS (Cortesía Casa Presidencial)
