Paulo Villalobos
La realización de debates con la presencia de un representante del Ministerio Público incrementó en más de una tercera parte en los últimos cuatro años.
Así se desprende de cifras del 2016 al 2019, recopiladas por el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia y brindadas a El Observador por la Unidad de Monitoreo y de Apoyo a la Gestión de las Fiscalías (Umgef).
Los datos indican que a inicios del periodo, se registraron 11.016 juicios, mientras que los datos preliminares al cierre dan cuentas de 14.876; para una variación de 35%.
Esto si se toman en consideración – combinados – 15 circuitos de la vía penal de adultos y 14 que cuentan con una sección de flagrancia. Para el primero de los casos, el incremento es de un 30%.
La tendencia se mantiene en los tribunales que juzgan delitos captados en el acto, aunque a la mitad del ritmo de los anteriores (15%).
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Intervención
El pasado 29 de enero, el Ministerio Público anunció que con la aplicación del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal – coordinado por el Poder Judicial – buscará solventar 9.000 expedientes que han pasado más de dos años sin una resolución.
Ese plazo es tres veces mayor al que, idealmente, debería durar la etapa primaria.
Las causas en rezago representan un 13% del circulante total (69.000) con el que cuenta el órgano acusador del Estado, según cifras suministradas la tarde de este miércoles por la fiscala Emilia Navas, en conferencia de prensa.
Con el plan, la institución busca disminuir la cantidad de casos pendientes de un requerimiento conclusivo (acusación, sobreseimiento, desestimación o archivo), a pesar de que desconoce en cuánto es capaz de lograrlo.
Ni Navas, ni la coordinadora del proyecto en la Fiscalía, Fabiola Luna, se atrevieron a dar una cifra de cuántas causas dejarían la condición de rezago al cabo de la aplicación de la iniciativa (2021); esto debido a las condiciones de cada uno de los casos:
- tiempo necesario para recabar la prueba
- carga de trabajo (cada fiscal tiene entre 300 y 350 casos a cargo)
- limitaciones materiales (mala calidad de Internet y faltante tecnológico)
- desgaste del personal (estrés por el trabajo acumulado)
- incremento de la cantidad de denuncias por mayor confianza
«En este momento no tenemos un porcentaje definido, pero sí desde la Fiscalía General se ha dispuesto que la atención de este rezago sea prioritario con este tipo de trabajo», indicó por su parte la fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión, Mayra Campos.
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En aplicación
Hasta ahora, el plan de mejora se llevó a cabo en 6 circuitos y 17 despachos:
- I y II Circuito Judicial de San José (flagrancia y turno extraordinario)
- Circuito Judicial de Heredia (central, San Joaquín y Sarapiquí)
- I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia y Cañas)
- Circuito Judicial de Puntarenas (Punarenas, Aguirre, Parrita, Cóbano y Garabito)
- I Circuito Judicial de la Zona Atlántico (Limón, Bribrí y Bataán)
Para este año y el siguiente se intervendrán 11 circuitos y otros 31 despachos.
Con las medidas tomadas, el Ministerio Público logró la realización de 2.927 en 2019, una cifra mejor que la del 2018, de acuerdo con la fiscala general Emilia Navas, aunque no se precisaron los datos previos (pendientes por parte de la oficina de prensa).
Otros 564 expedientes que estaban en rezago fueron resueltos por un equipo de 17 fiscales; pero tampoco se señalaron cifras comparativas.
La iniciativa para reducir los tiempos de atención en el proceso penal forma parte de un rediseño en el que también participan la Judicatura y la Defensa Pública.
Con esa medida la Corte Suprema de Justicia registró una considerable mejora en el trámite en los últimos tres años.
Por ejemplo, resolver un caso en esa materia pasó de promediar una duración de 24 meses en 2016, a 13 meses en el 2019; o sea, la mitad.
Lo anterior a pesar de que a los órganos jurisdiccionales entraron 819 trámites más que al inicio del periodo en cuestión, que representa un incremento del 6%.
Todo ello se logró con una «maximización de recursos», según recordó el ingeniero de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, Nelson Arce.
El plan fue incluido en el acuerdo 41 del 30 de octubre de 2017, tomado por la Corte Plena.
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Paulo Villalobos
