Tomás Gómez
“Debemos cumplir con esos estándares internacionales y proceder ya a la deportación de nacionales que se vean vinculados en diferentes actividades delictivas”.
Ese fue el mensaje directo de Mauricio Boraschi, Fiscal Adjunto de la República, ante las amenazas de inseguridad que afronta el país.
Según el jurista, Costa Rica forma parte de mecanismos de justicia penal internacional donde existe esa vinculación entre países.
“Estamos determinados a usar todas las herramientas legales posibles a nivel nacional que es lo que nos corresponde, pero también en cooperación con las autoridades internacionales donde existan casos que vinculen a costarricenses en temas de narcotráfico”, detalló.
Las consecuencias de cárceles extranjeras
La petición de la Fiscalía encontró eco en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Su director, Randall Zúñiga, citó posibles aplicaciones que podrían generarse al tener a los delincuentes en otro sistema penal.
“Estas extradiciones sirven para que las personas que vayan a Estados Unidos en algún momento, después de un año, dos años, de estar ahí, de estar en una prisión contenidos de manera totalmente segura y sin acceso a comunicación al exterior muy probablemente va a generar insumos”, indicó.
“Va a señalar personas, va a dar otras posibilidades para generar nuevas investigaciones o para condenar a nuevas personas”, sumó.
Oficialismo impulsó extradición pero hay dudas
El tema de la extradición de nacionales aparece en el combo de proyectos de ley con que el oficialismo ha insistido en responder a la ola de inseguridad que afecta el país.
A finales de abril los diputados de Gobierno presentaron la iniciativa, que avalaría el envío de connacionales a otros sistemas penales, específicamente en casos de narcotráfico y terrorismo.
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Actualmente el artículo 32 de la Constitución Política, que dice:
“Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”.
Con la reforma pasaría a leerse así:
“Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”.
El tema, sin embargo, requeriría de un proceso largo por los trámites especiales que demanda un cambio en la Carta Magna.
