Tomás Gómez
A poco más de cuatro años del estallido del escándalo del Caso UPAD el expresidente Carlos Alvarado declaró ante Fiscalía por la investigación que se sigue en su contra. La convocatoria se dio la semana anteiror, específicamente el 19 de abril.
El exmandatario confirmó la cita judicial en un comunicado donde sigue insiste en que la Unidad Presidencial de Aálisis de Datos no hubo espionaje.
Cabe recordar que Alvarado está radicado en Estados Unidos; pero estuvo de visita en el país para develar su retrato en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.
En ese viaje se dio también la comparecencia, donde alegó que otras jurisdicciones como Reino Unido, Portugal o San Francisco, California, usan sistemas de datos. Incluso usó a la OCDE como justificación para su polémico decreto.
“La “Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Estrategias de Gobierno Digital de 2014” reconoce la importancia central de los datos en el cambio hacia el gobierno digital, cataloga el uso de los datos como un activo estratégico para mejorar el bienestar de la ciudadanía y la calidad de los servicios y las políticas públicas. Esta recomendación de la OCDE ha sido respaldada por cerca de cincuenta países entre los que se destaca Costa Rica”, apuntó Alvarado.
“En mi mandato nunca se instruyó a ninguna persona para que espiara a un costarricense o habitante de la República. Nadie se robó plata y nadie vendió información o recibió un beneficio ilegal producto de la operación del equipo de análisis de datos. Esto es algo que estoy seguro ya debió haber sido corroborado por los encargados de la investigación”, sumó.
Lo que dicen los abogados
El abogado de Alvarado, Rodolfo Brenes, reclamó “excesos” de la Fiscalía que a su entender están retrasando la causa.
Particularmente señala tácticas para ganar tiempo.
“Deberían proseguir de inmediato con la acusación que habían presentado en febrero de 2022; y a la cual no han dado seguimiento desde que don Carlos dejó de ser Presidente, a pesar del llamado que hemos hecho manifestando nuestra disposición para que dicha causa pase a la audiencia preliminar, como corresponde. Si no lo hacen así, ellos son los únicos responsables de que este proceso se prolongue por años”, anotó.
La defensa sigue reclamando por el allanamiento a Casa Presidencial, que a su criterio no era necesario. También ponen tintes que hubo acciones más políticas que judiciales en la investigaciones; y reclaman por la investigación que la Fiscalía emprendió sobre las comunicaciones de los sospechosos del caso.
La UPAD y la insistencia con los datos
Desde su llegada a Zapote, el segundo Gobierno del PAC habría creado una unidad de facto dedicada al tema de datos. Esta se intentó formalizar en dos ocasiones bajo los nombres de DADIA y UPADIA.
Ambos procesos fracasaron ante lo cual hubo un tercer intento de creación de la unidad, de la que finalmente resultó la UPAD. Su decreto de creación se dictó en octubre del 2019 pero el escándalo estalló en febrero del 2020, cuando la norma se publicó en La Gaceta.
El Gobierno primero defendió la iniciativa pero en pocas horas terminó por derogar el decreto.
Desde entonces la Fiscalía ha mantenido investigaciones por el manejo de los datos. Además, posteriormente hizo una causa aparte contra los jerarcas que habían firmado la normativa.
