Paula Ruiz
Mélida Solís de la empresa H.Solís y Carlos Cerdas de MECO salieron este sábado de la cárcel. Esto luego de permanecer casi nueve meses en prisión preventiva.
Erick Ramos, abogado de Cerdas, confirmó que la salida de su cliente se efectuó a eso de las 9:30 a.m.
Ramos especificó que ahora se abocarán en una defensa amplia para aclarar lo sucedido. Esto luego de verse involucrados en el Caso Cochinilla.
Por su parte, Erick Gatgens, abogado de Solís, indicó que su clienta salió a eso de las 8 a.m. del CAI Vilma Curling hacia la central de monitoreo, donde estuvo hasta las 10 a.m.
Solís se dirigió a su casa de habitación con brazalete electrónico para el arresto domiciliario que se le impuso este viernes.
Gatgens señaló que tanto Solís como su familia estaban preocupados por el deterioro en su salud. En vista de ello ahora se sienten un poco más aliviados por su salida de prisión.
Ahora, quedarán a la espera del establecimiento de una fecha para poder apelar lo resuelto este viernes por la noche.
El abogado explicó que la apelación se enfoca en la medida de prisión preventiva por un año y tres meses (casi nueve meses en cárcel y seis meses en domiciliario) así como el pago de $5 millones para su libertad condicional.
“Es un monto excesivo”, puntualizó.
Las apelaciones no tienen un efecto suspensivo y deberán ser vistas por el Tribunal Penal de Hacienda Segundo Circuito Judicial de San José, informó el Poder Judicial.
El pago
Para salir de prisión, Solís pagó los $5 millones. Mientras tanto, Cerdas tuvo que depositar $10 millones. Tenían un plazo de 48 horas para hacer el pago.
Ambos tendrán impedimento de salida del país y deberán entregar su pasaporte. Además, tienen que firmar una vez a la semana y no pueden acercarse a testigos.
“Se va a enviar oficio a Migración para que no expidan pasaporte por extravío, pérdida, robo o deterioro. Y a Aviación Civil para que inhabilite los hangares de ambas personas, quienes permanecían en prisión preventiva”, indicó el Poder Judicial.
A 9 meses del estallido
Han pasado más de nueve meses desde los allanamientos que sacaron a la luz pública el Caso Cochinilla el 14 de junio del 2021.
Desde entonces el debate se ha enfocado en qué pasó eventualmente con ¢78.000 millones. Aunque las autoridades dijeron desde de un inicio que no se trataba de un robo, la idea quedó en el imaginario colectivo.
“Hemos detectado que hay una laguna o un hueco de naturaleza presupuestaria generada por esos traslados irregulares que rondan los ¢78.000 millones.
“Eso no significa que ese dinero lo hayan sustraído sino que lo han malversado. Lo han utilizado para fines diferentes sin autorización y evidentemente eso ha generado situaciones de favor, compromisos y obligaciones”, dijo entonces Walter Espinoza, director del OIJ.
Semanas atrás la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, confirmó ante Fiscalía que el dinero nunca salió pues la crisis previa al Plan Fiscal hizo que se destinara a otros temas.
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Los hechos cuestionados se habrían dado en 2018, 2019 y el primer trimestre del 2020.
Paralelamente, la investigación detectó eventuales cobros de dádivas y sobornos que eventualmente recibían burócratas. Estas iban desde pagos en efectivo y salchichón para fiestas hasta servicios sexuales.
