Tomás Gómez
Quince años después del estallido del caso Crucitas, el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, resultó absuelto por el proceso de la minera.
Junto a él se determinó que cuatro exjerarcas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), de apellidos Lezama, Boza, Cruz y Rodríguez, también resultaron absueltos.
Contra todos ellos la Fiscalía había pedido 3 años de prisión por el supuesto delito de prevaricato.
En la cita también se confirmó la absolutoria contra dos mujeres de apellidos Cavallini y Espinoza, que trabajaron como Directora de Minas y secretaria de la Comisión Plena de Setena. Esta exoneración incluso la había pedido la Fiscalía durante el debate.
La resolución se leyó a la 1:30 p.m. en el II Circuito Judicial de Goicoechea.
La labor estuvo a cargo de los jueces Yorleny Campos. Jorge Tabash y José Pablo Alvarado tras una deliberación de una semana.
Campos, como presidenta, había justificado que se trataba de un tema complejo, por lo que se tomó todo el tiempo que permite la ley para dictar su sentencia.
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Más rápido de lo esperado
Aunque el juicio de Crucitas estaba programado para durar hasta el 22 de diciembre su tramitación fue ágil.
Arrancó el 16 de octubre con las acusaciones y luego con los testimonios y pruebas.
De ahí se pasó al pedido de condenas y la réplica de los defensores.
El abogado José Miguel Villalobos, representante de la mayoría de imputados, hizo su exposición principalmente centrado en la figura del prevaricato, achacada a sus representados.
Detalló que se trata de un delito de poca aplicación tanto a nivel local como internacional, incluso con problemas en el desarrollo doctrinario; llegando a determinar si el prevaricato llega a darse solo contra la ley o contra otro tipo de normativas.
Por ello cuestionó diversos elementos de la acusación de la Fiscalía. Ahí apuntó por ejemplo problemas desde la diferencia entre resoluciones y actos administrativos, pasando por forma en que se ha interpretado el prevaricato en la vía judicial, sobre todo porque según su lectura del desarrollo a nivel local, solo aplica a resoluciones finales.
A ello sumó que las supuestas ilegalidades para configurar un delito de este tipo deber ser “abierta y groseramente contrarias a derecho”, con más elementos agravantes.
Del caso específico del exministro, el jurista sustentó que la cronología demostraba que no había presión política para sacar el tema de Crucitas como insistió la Fiscalía.
En su síntesis, pidió “poner una loza sepulcral” sobre las causa que lleva años en discusión.
El jurista recalcó también que el expresidente Oscar Arias no estuvo convocado por haberse declarado la prescripción de la causa en su contra.
Tercer round de Crucitas
En octubre del 2007 se publicó el decreto que daba interés nacional de la operación de la minera de Crucitas, en San Carlos, y que impulsó sus permisos.
Por los hechos asociados hubo un debate entre 2014 y 2015, que terminó con una condenatoria contra el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, y varios de los acusados absueltos.
Esa resolución se apeló y se ordenó un nuevo juicio, el cual se haría a finales del año pasado pero por un tema de tiempos y agenda no avanzó y se fijó el espacio que ahora concluye.
