Paula Ruiz
El jueves de esta semana la Fiscalía dio a conocer la acusación formal contra tres exfuncionarios y un empresario importador de cemente chino, por el caso conocido como “Cementazo”.
Se trata del exdiputado Víctor Morales Zapata, el ex viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez y el exdirector general de Aduanas, Benito Coghi; además del empresario Juan Carlos Bolaños.
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¿Cuál fue el papel de cada uno de ellos? A continuación un repaso de los hechos que vincularon a estas personas con el caso que cobró relevancia a mediados de 2017 y que dejó una mancha en el gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís:
Juan Carlos Bolaños, empresario
Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino. (Archivo/El Observador)
El importador de cemento Juan Carlos Bolaños solicitó en 2014 un préstamo al Banco de Costa Rica (BCR) por $15 millones que le fue negado en primera instancia por falta de garantías.
El empresario cobra notoriedad cuando comienzan a cambiar reglamentos en entidades públicas, entre ellas, el Ministerio de Economía para facilitar la importación de cemento.
Fue en 2015 cuando Bolaños recibió un crédito por ¢17.000 millones. Él mantenía un discurso enfocado en abrir la competencia en el mercado del cemento en Costa Rica, hasta ese momento dominado por Holcim y Cemex.
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Durante ese periodo, Bolaños estuvo en siete ocasiones en Casa Presidencial, según confirmó el propio expresidente de la República Luis Guillermo Solís.
En julio de 2017, el medio CRHoy.com dio a conocer un audio entre Bolaños y Guillermo Quesada, subgerente del BCR, en el que se revela la intención del empresario de reclamar el rompimiento del secreto bancario.
Este fue el detonante que comenzó a destapar una serie hechos y relaciones que implicó a todos los Poderes de la República. De hecho, conllevó a la salida del magistrado Celso Gamboa, tras confirmarse que viajó con Bolaños a Panamá y que su tiquete fue pagado con la misma tarjeta.
Debido a este caso, Bolaños estuvo en prisión preventiva durante tres años aunque quedó en libertad condicional a finales del 2020.
Víctor Morales Zapata, exdiputado
Victor Morales Zapata (Achivo/El Observador)
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detectó numerosas llamadas telefónicas entre el exdiputado Víctor Morales Zapata y Bolaños.
Entre los teléfonos de ambos, se detectaron 184 llamadas tanto entrantes como salientes. Morales Zapata era considerado el operado político del expresidente Luis Guillermo Solís en la Asamblea Legislativa.
Se presume que el excongresista habría realizado gestiones para facilitar el desembarque de 20.000 toneladas del cemento de Bolaños. Lo anterior, pese a no tener todos los requerimientos necesarios.
La Procuraduría de la Ética presume que Bolaños le solicitó a Morales Zapata, desde el 23 de diciembre del 2014, colaboración para acceder a las autoridades de Gobierno que podían ayudar con sus planes para “agilizar” la importación del cemento.
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El exdiputado también habría ayudado a Bolaños a gestionar reuniones con Luis Paulino Mora quien fungió como viceministro de la Presidencia en la administración de Solís.
En el encuentro, trataron temas para agilizar la importación del cemento, según la Procuraduría.
“Víctor Morales Zapata asumió como suya la lucha por los intereses privados del importador de cemento, propiciando y participando en reuniones tanto en la Asamblea Legislativa como en Casa Presidencial, en las que el señor Juan Carlos Bolaños exponía ante altos jerarcas del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sus necesidades específicas en relación con los asuntos o trámites en instancias del Poder Ejecutivo o la Asamblea Legislativa, con el fin de que se le buscara una solución a sus inconvenientes”, concluyó la Procuraduría.
Producto del análisis realizado, esta instancia presentó una denuncia penal contra Morales Zapata.
Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda
Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda dimitió por el cementazo. (Ministerio de Hacienda)
Uno de los funcionarios a los que Morales Zapata tocó la puerta para favorecer la agenda de Bolaños fue el ex viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez.
A Rodríguez se le realaciona con este hecho, por haber mediado en el desalmacenaje de cemento.
Rodríguez fue objeto de un allanamiento en su vivienda con el fin de recabar prueba por este caso.
Benito Coghi, axdirector general de Aduanas
Benito Coghi (Ministerio de Hacienda)
Benito Coghi se desempeñaba como Director de Aduanas, razón por la cual aseguró haber sido presionado por parte del exviceministro Rodríguez para el desalmacenaje del producto.
Coghi defendió que él siguió órdenes de sus superiores según reveló en una audiencia ante la Comisión Especial Legislativa que investigó el cementazo.
En ese mismo espacio, el exdirector de Aduanas reconoció haber recibido un mensaje de WhatsApp de Rodríguez donde se indicaba que el “Big Chief” iba a estar contento con el procedimiento.
Coghi confirmó que esa alusión a “Big Chief” se refería al expresidente Luis Guillermo Solís.
“Hagamos un esfuerzo para que esto salga el martes, el Big Chief está a la espera de que el tema se aclare”, indica la comunicación.
Otro mensaje señala que “te anotaste un punto a favor en Zapote, era importante”.
El exjerarca también reveló el interés de entonces diputados, ministros y viceministros por el caso del desalmacenaje.
¿Cuáles delitos?
El Ministerio Público indicó este jueves que tiene contundente evidencia para acusar al exviceministro y el exdiputado por presunta influencia ejercida contra Coghi para lograr el desalmacenaje de cemento.
También se querella a Morales Zapata y a Bolaños por el supuesto delito de tráfico de influencias agravados sobre la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Casa Presidencial y Banco Popular.
Además, por la #aceptación de dádiva por acto cumplido consistente en el pago de una casa vacacional a Morales Zapata por parte de Bolaños Rojas”, señaló Fiscalía.
¿Qué dice la ley?
Los delitos están normados en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Sus alcances se definen así:
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Lo regula el artículo 52 de la Ley y se configura cuando una persona influye directa o indirectamente en un servidor público para que realice acciones que le generen una ventaja económica o competitiva.
Las acciones posibles incluyen hacer, retardar u omitir nombramientos, adjudicaciones, concesiones, contratos, actos o resoluciones propias de su cargo.
Su pena ordinaria va de 2 a 5 años. Sin embargo, si los supuestos delitos los cometen funcionarios de alto rango -como se acusa en este caso-, la sanción puede elevarse un tercio.
Esta última excepción se aplica cuando los sospechosos sean el presidente o vicepresidentes de la República, miembros de los supremos poderes o del TSE. También cuando sean las cabezas de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría o Defensoría.
INFLUENCIA SOBRE HACIENDA PÚBLICA
Impone penas de 2 a 8 años.
Aplica para los funcionarios públicos que usan su cargo para influir, intervenir o condicionar resultados de procesos que pueden terminar dañando el interés y las finanzas públicas.
Su alcance está delimitado por el artículo 57.
Foto de portada tomada del perfil en Facebook Sinocem Costa Rica.
