Hermes Solano
Los diputados de la Asamblea Legislativa insistieron este miércoles en el error que está cometiendo el Poder Ejecutivo en desconvocar el proyecto para combatir el crimen organizado, que se tramita bajo el expediente 23.090.
Aunque Rodrigo Chaves negó en conferencia de prensa que estén condicionando la aprobación de jornadas 4-3 para poner en agenda el combate al crimen, los legisladores sí creen que hay chantaje.
Así lo expresaron varios de ellos en el control político de este miércoles en el Plenario legislativo.
La primera en hacerlo fue la diputada de Nueva República, Gloria Navas, quien es la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
“Fue un chantaje, a pesar de que el presidente de la República ha querido cambiar los términos de esa, entre comillas, “negociación”, señaló la legisladora.
“Cuando digo chantaje, lo reitero una y otra vez. No movemos el 23.090, sino movemos el de jornadas de trabajo”, consideró que fue la razón del Gobierno para no dejarlo en la corriente.
Ante las dudas de los diputados sobre el texto del proyecto de jornadas excepcionales, se discutió realizar mesas de trabajo y desconvocarlo, pero a su vez, desde el Ministerio de la Presidencia y con la firma de Rodrigo Chaves, también se desconvocará el 23.090.
“Lo que vimos ayer en este Plenario no tiene nombre. Acá lo que se dio fue un chantaje para condicionar el proyecto de crimen organizado a cambio de las jornadas de 12 horas”, señaló Priscilla Vindas del Frente Amplio.
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Responsabilidad del Gobierno
Otro de los que se mostró crítico fue Gilberto Campos del Liberal Progresista, señalando que la responsabilidad en caso de que no se apruebe es total del Poder Ejecutivo.
El fiscal general, Carlo Israel Díaz, dijo a los diputados que esta iniciativa se tiene que aprobar antes del 7 de junio, día en que varias cabecillas de grupos criminales podrían salir de la cárcel al cumplirse el período de prisión preventiva permitido por ley.
El 23.090 aumenta ese período para que los criminales estén con esa medida cautelar.
“Lo que estamos haciendo como país es ir en contra del sentido común. Al asesor estratega que se le ocurrió ligar jornadas excepcionales con un tema tan crítico como la seguridad del país está un poco desenfocado”, señaló Campos.
“Tenemos un plazo límite para salir de este atolladero. Tenemos que garantizar que los casos en investigación no se caigan. Recuerden que la responsabilidad de la agenda hoy por hoy recae sobre el Poder Ejecutivo”, añadió.
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Diputado Liberal Progresista.
Mienten
Dinorah Barquero y Gilberth Jiménez del PLN también criticaron la decisión y realizaron serios cuestionamientos con el actuar del Gobierno y también de la fracción oficialista, la de Progreso Social Democrático.
“No vengan aquí en enroscarnos en una situación ilógica, donde enroscan dos proyectos. No tenemos que condicionar absolutamente nada”, indicó Jiménez.
“Al que están condicionando es al costarricense, porque si estas personas delincuentes salen a la calle, será responsabilidad del presidente y la fracción oficialista”, siguió.
Por su parte, la diputada considera que el Ejecutivo le está mintiendo a los costarricenses.
“Hoy sigue mintiéndose a los costarricenses, diciéndose cosas que no son ciertas. Aquí hay un único responsable que se caiga el 23.090 y esa responsabilidad la tiene el presidente de la República”, finalizó.
El expediente 23.090 está cumpliendo los días hábiles de recepción de mociones, tal como lo establece el trámite de vía rápida y estará desconvocado desde el lunes 15 de mayo.
