Allan Arroyo
“Esta reunión, como requisito, deberá ser en el marco de exigido respeto”, escribió la contralora, Marta Acosta, el 19 de enero.
“Sí hay cambios en el patrón de comportamiento de la Contraloría. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. ¿Por qué antes la Contraloría era, digamos, tan laxa y ahora se volvió tan estricta?”, decía Rodrigo Chaves, dos días antes.
Esos son algunos de los antecedentes e intercambios de mensajes que preceden la reunión, frente a frente, entre el presidente y la contralora este jueves.Chaves solicitó el encuentro en Casa Presidencial pero Acosta puso condiciones y lo trasladó al edificio contralor, en La Sabana. Ahora, la conversación quedó pactada para la 1 p.m. con la particularidad de que será pública, con transmisión “en vivo” por YouTube.
“Esto se fundamenta en el antecedente que tuvimos en torno a la sesión realizada en Casa Presidencial sobre Ciudad de Gobierno en marzo del 2023, de donde derivaron afirmaciones absolutamente falsas que fueron atribuidas a mi persona”, enfatizó Acosta en la carta enviada a Casa Presidencial el 19 de enero.
Pero, ¿Cuáles son las dos razones principales para el diferendo público entre el Gobierno y el ente contralor?
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Ciudad Gobierno
Aunque Casa Presidencial levantó una lista de medidas y decisiones que ha tomado la Contraloría y que, a su criterio, retrasan procesos en los ministerios, son dos temas públicos en los cuales existe mayor controversia.
El primero tiene que ver con Ciudad Gobierno, el plan que busca la construcción de un complejo gubernamental que albergaría a más de 35 instituciones públicas y a 10.000 funcionarios en un mismo lugar.
Uno de los principales argumentos del Gobierno es que esta obra tendría un costo de $450 millones y estaría a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de un empréstito con el organismo internacional. El país solo pondría el terreno para construir, ubicado en Plaza González Víquez.
Diseño ganador para proyecto de Ciudad Gobierno con el BCIE (Archivo)
El Ejecutivo sostiene que el proyecto permitiría un ahorro de unos $17 millones anuales, principalmente en alquileres.
El 5 de octubre, el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría resolvió rechazar los recursos de revocatoria presentados por los ministerios de Planificación y Hacienda.
El ente estableció una advertencia sobre el modelo de arrendamiento. Parte de las observaciones son:
- Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
El presidente Chaves y la ministra de la Planificación, Laura Fernández, señalaron al ente por los retrasos en el plan.
Junto a esos cuestionamientos, el Gobierno asegura haber pedido una reunión desde setiembre para aclarar las dudas, la cual se concretó hasta el 11 de enero.
“En la reunión lo que tratamos de ver pues eran la dudas que teníamos desde setiembre sobre algunas advertencias que la Contraloría ha hecho. Estamos muy claros, desde el Gobierno de la República de desarrollar Ciudad Gobierno y por eso es que desde hace meses queríamos aclarar con la Contraloría cuáles son las dudas que ellos tienen”, dijo la ministra Fernández a El Observador, después de la cita.
“Nos parece que la Contraloría hace algunas interpretaciones sobre información que aún no estaba concluida, lamentamos que hasta hoy pudiéramos conversar. Creemos que hay que mirar hacia delante, con los dos proyectos en la Asamblea Legislativa”, agregó la jerarca.
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Los escáneres
Otros de los proyectos prioritarios del Gobierno, con decisión negativa de la Contraloría, es la licitación para la compara e instalación de escáneres en los puertos y fronteras.
El ente frenó el proceso a favor de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) el 20 de diciembre.
El argumento es que “no cumple los prepuestos de ley y por tanto, el concurso no puede seguir adelante”, según ordenó el ente.
Según se analizó, ya se había convocado a un primer proceso a cargo del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) en el que Racsa no presentó los requisitos y el 27 de noviembre el trámite se cerró infructuoso.
El pasado 14 de diciembre se subió al Sistema de Compras Públicas (Sicop) una nueva convocatoria sustentada en la normativa que permitiría excepciones a las reglas de contratación cuando se trate de asuntos entre entes de Derecho Público.
Esta última justificante legal no fue acogida y también se descartó que el asunto pudiera abordarse como una alianza estratégica.
Gobierno insiste en la urgencia de colocar escáneres para combatir el narcotráfico. Dispositivo funciona en Terminal de Contenedores de APM en Moín, Limón. (Archivo)
La Contraloría recalcó que la Ley General de Contratación Pública más bien intenta unificar los negocios y que su reglamento establece que “en caso de duda, siempre se favorecerá el concurso, no la excepción”.
A ello se suma la eventual competencia de la empresa estatal para dar los servicios buscados. “Se tiene que el suministro de los escáneres –conforme una referencia difusa, por el SFE, a la alianza estratégica– constituye una prestación contractual sustantiva que no se ha demostrado sea cumplida por RACSA”, apuntó el escrito de la Contraloría.
Complementariamente se fustigó que aunque Racsa tuviera un socio comercial para emprender el proyecto -llamado Low Risk-, el acuerdo también debió llevar un proceso.
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Este martes, el Gobierno anunció que también retiraba el recurso presentado sobre este proceso, que permite abordar la licitación sobre los escáneres en la reunión de este jueves.
Acosta advirtió que no se abordarán temas relacionados con investigaciones en curso o asuntos cuyas decisiones sean responsabilidad exclusiva de la Administración.
La Contraloría de la República es un órgano constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa. Entre sus funciones están: fiscalizador del uso de los fondos públicos del Estado costarricense, así como controlador superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización del país.
Las críticas del mandatario Chaves contra la gestión de Marta Acosta hizo que más de 38 mujeres vinculadas a la política y de diferentes partidos, encabezadas por la expresidenta Laura Chinchilla, publicaran una carta de apoyo a la contralora.
Ante ese pronunciamiento, Chaves externó críticas contra el grupo, principalmente a la exmandataria.
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