Hermes Solano
Los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios empezarán esta semana a analizar el proyecto que flexibiliza la regla fiscal al sacar de su aplicación a las instituciones públicas no estatales, así como a los colegios profesionales y otras dependencias.
Este martes estará en audiencia la Contralora General de la República, Marta Acosta, para que se refiera a la iniciativa del Poder Ejecutivo, tramitada bajo el expediente 23.330.
Además, el miércoles los diputados se reunirán con representantes del Fondo Monetario Internacional, con la intención de conocer los alcances del informe presentado y enviado semanas atrás sobre el mismo tema.
“Pretendemos determinar si el proyecto presentado por el Gobierno se enmarca dentro de los esfuerzos de disciplina fiscal y sostenibilidad de la deuda”, señaló Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión.
El FMI en su informe señaló varias observaciones al proyecto del Ejecutivo.
Una de ellas es clara en el hecho de que en caso de que se aprueban esas exclusiones, la cobertura de la regla se reducirá de un 60% a un 45% “de los gastos totales en el sector público no financiero (o del 93% al 65% en el presupuesto nacional del gobierno central)”.
Sobre excluir a entidades públicas no estatales como los colegios profesionales o Icafe lo ven razonable; sin embargo, consideran que hacer esos cambios sin criterios verificables puede causar una problemática en el tema fiscal del país.
OBSERVE MÁS: FMI dice que exclusiones propuestas por Gobierno reducirían cobertura de la regla fiscal de un 60% a un 45%
Paulina Ramírez y Carlos Felipe García.
Lista gris
Paulina Ramírez, además, solicitó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta una explicación sobre el ingreso de Costa Rica a la lista negra o lista gris de la Unión Europea.
Por eso solicitó copia de los documentos “relativos a las diligencias realizadas por las autoridades europeas, incluyendo cualquier informe relacionado, así como las respuestas o gestiones por parte del Ministerio de Hacienda sobre este tema en particular”.
La diputada quiere que se clarifique el panorama respecto a los planteamientos de la Unión Europea para incluir al país.
“Tal acontecimiento nos llena de preocupación, en especial por la falta de claridad que existe en estos momentos respecto a las causas que llevaron a las autoridades europeas a tomar tal decisión”, indicó la legisladora.
Para Ramírez, esa situación tiene que ser aclarada, a la vez que se debe dejar en claro lo que se busca con la flexibilidad de la regla fiscal.
“Ambos temas son importantísimos y por eso debe existir completa transparencia. Para mí, por ejemplo, no es de recibo tratar de aprovecharse de la coyuntura de los cambios que se deben dar en materia fiscal para incluir Renta Global”, finalizó la diputada.
OBSERVE MÁS: Inversiones y reputación: las principales consecuencias para Costa Rica de ingresar a lista negra de Unión Europea
