Tomás Gómez
Nicaragua vota hoy domingo sabiendo que el proceso será ganado por Daniel Ortega y el Frente Sandinista.
Las siempre tensas relaciones con el país vecino del norte son parte de los desafíos que esperan a los presidentes costarricenses y así lo reconocen los aspirantes presidenciales consultados por El Observador.
Sin distingo de partidos y posiciones políticas, todos coincidieron en que el régimen nicaragüense no tendrá legitimidad. Además, apuntan a una agenda de contactos mínimos que permita atender a la colonia migrante y evite un agravamiento de la situación que podría traducirse en más problemas para Costa Rica.
La diferencia surge de la manera en que se enfrentarían a su homólogo nicaragüenses.
Posturas más duras
Fabricio Alvarado, de Nueva República, enfila sus críticas desde las elecciones que se celebran este domingo, que a su criterio no deberían respaldarse.
“No se pueden aceptar como válidas las elecciones, ni su resultado anticipadamente conocido, ante la ausencia de una verdadera estructura institucional que permita, entre otras cosas, reglas claras y en condiciones de igualdad para una oposición”, manifestó.
“Ya todos sabemos cuál será el resultado del próximo domingo, a través que un proceso electoral que a todas luces es una farsa”, dijo por su parte Eli Feinzaig, del Liberal Progresista.
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Agregó que en un eventual Gobierno suyo buscaría que Costa Rica lidere los esfuerzos para que desde la OEA o la aplicación de las cláusulas del TLC con Estados Unidos, se presione para que Nicaragua vuelva a la democracia.
Finalmente, el oficialista Welmer Ramos indicó que el país debe negar el apoyo a quien resulte vencedor este domingo.
“Conforme a nuestra tradición de defensa de valores democráticos y de defensa de los Derechos Humanos, no reconoceremos un régimen autoritario producto de elecciones que no reúnen las condiciones mínimas para ser consideradas democráticas y libres”, afirmó.
Figueres y Lineth Saborío más comedidos
Aunque también critican el accionar nicaragüense, José María Figueres de Liberación Nacional y Lineth Saborío de la Unidad Social Cristiana; evitaron incluso manifestar si reconocerían un nuevo período de Ortega y Murillo.
Su postura inicial es que es al actual Gobierno de Carlos Alvarado a quién corresponde esa decisión.
“Pienso que el Gobierno de Costa Rica tiene la obligación de seguir activando su diplomacia para defender la democracia en esa Nación. Pero no me corresponde reconocer o desconocer a un gobierno en este momento”, dijo Figueres.
Saborío por su parte destacó que ya hay sanciones de parte de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea; lo que refuerza las preocupaciones por el deterioro democrático.
Hasta el Frente Amplio se distancia
Los señalamientos contra el Gobierno de Nicaragua surgen incluso desde los grupos progresistas y de izquierda.
José María Villalta, del Frente Amplio, no se guardó críticas y destacó que el proceso de elecciones en Nicaragua no puede tomarse como válido.
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“Un Gobierno que ha practicado la represión contra la oposición, que tiene presos a sus opositores y que violenta la libertad de expresión y el derecho a la manifestación de la ciudadanía y persigue ONGs, estudiantes, campesinos, no puede ser un Gobierno legítimo ni pueden reconocerse esas elecciones como válidas”, afirmó.
La oleada de migrantes nicaragüenses aumentó a medida que se acercan las elecciones. Según el registros oficiales, en octubre se recibían más de 250 solicitudes de refugio al día (Archivo)
El reto de la migración
Al unísono, todos los candidatos consultados exponen como una preocupación derivada de la crisis en Nicaragua, el impacto sobre la nutrida colonia de migrantes que vive en Costa Rica.
Ante ello, destacan que será necesario mantener los canales diplomáticos mínimos para garantizar su protección, a la vez que se tutelan los intereses nacionales.
En esa última línea algunos de los aspirantes agregaron puntos en los que consideran, sería necesario seguir trabajando con Nicaragua.
“El hecho de que la mayoría de los productos nacionales e importaciones que entran por el Caribe tienen que pasar por territorio nicaragüense para el mercado centroamericano, nos obliga a alcanzar vías de diálogo permanente con ese país. Finalmente, como en todo el mundo, las fronteras deben tener programas de protección conjunta contra el narcotráfico y la delincuencia”, dijo Figueres.
“Nos llevaría a reducir a la mínima expresión nuestras relaciones diplomáticas con una representación consular, en aras de salvaguardar nuestros intereses, para resguardar los derechos de los cientos de miles de hermanos nicaragüenses que residen o trabajan en nuestro país y frente a la asistencia administrativa y comercial que se requiere en una Centroamérica necesitada de reactivación económica y desarrollo”, manifestó Fabricio Alvarado.
Mientras los aspirantes presidenciales esbozan sus posibles acciones, la administración actual no ha clarificado si reconocerá las elecciones del domingo y al nuevo Gobierno de Daniel Ortega.
El mandatario Carlos Alvarado ha lanzado críticas al régimen en diversos foros; sin que haya claridad sobre como procederá el país a partir del lunes en sus relaciones diplomáticas.
Ortega consuma el acto
El clima político de Nicaragua, tenso desde las protestas desde el 2018, se enturbió aún más con la cercanía de elecciones.
Se calcula que desde entonces se suman 150 presos políticos, 300 muertes y 90.000 exiliados.
Para allanar el camino a la reelección sandinista, el régimen preparó varias leyes para perseguir a la oposición y reducir sus opciones electorales.
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En los últimos meses se han dado varias olas de detenciones. Estas abarcan políticos, dirigentes estudiantiles, activistas y empresarios opositores.
De manera genérica, la Fiscalía sandinista ha denunciado a decenas de personas de “traición a la patria”, con lo cual generan procesos judiciales y retenciones irregulares.
El mecanismo dejó a la oposición de Nicaragua electoralmente inactivada. Sin embargo, un total de 6 partidos afines al sandinismo -conocidos como agrupaciones “zancudo”- aparecerán en la papeleta presidencial junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Con ello se intenta dar legitimidad a un proceso donde también se elegirán 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
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La apuesta de la oposición es que la comunidad internacional no reconozca el resultado electoral. Ello se sumaría a las sanciones económicas que países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han dictado contra colaboradores del régimen sandinista.
Los hijos de la pareja presidencial y otros colaboradores del sandinismo forman parte de los castigados por los países extranjeros. (AFP)
