Josué Alvarado
La continuidad del servicio de transporte público en algunas comunidades de Costa Rica está peligrando y en los próximo días las empresas podrían anunciar que detienen sus operaciones.
Así lo advirtió la Cámara Nacional de Transportes (Canatras) este martes 8 de marzo. Según la agrupación, las fuertes alzas de los combustibles provocan un aumento considerablemente los gastos de operación y, por ende, el precio de los pasajes para los usuarios.
Para este martes 8 de marzo el 45% de las rutas del país aumentó el costo de su pasaje, principalmente por la subida en el precio de las gasolinas. Canatrans calcula que para el medio año se podría registrar otro aumento del 20% en los pasajes solo si se toma en cuenta el efecto del combustible para aquella época del año.
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“De manera directa dispararía las tarifas afectando a miles de usuarios y hace insostenible la continuidad del servicio en algunas comunidades del país”, dijo la vicepresidenta ejecutiva de Canatrans, Silvia Bolaños.
Actualmente más de 50 rutas de bus que existían antes de la pandemia están fuera de operación, debido a que no han podido recuperar los niveles de pasajeros previos a marzo del 2020.
Intervención del Gobierno
Tal y como lo han solicitado otros sectores, esta cámara pide al Gobierno de Carlos Alvarado que intervenga para evitar este escenario.
Según la cámara se deben tomar acciones de diferente índole para mantener la continuidad de “este servicio público que moviliza a más del 56% de la población costarricense en su mayoría personas que tienen como medio de movilización el servicio por autobús”.
Una solicitud similar hizo el 2 de marzo la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) que además advirtió que los precios internos de distintos productos van subir debido a la escalada en el costo del combustible, principalmente por la invasión rusa en Ucrania.
“Afectará los costos de importación de materias primas, insumos y bienes finales tanto producidos localmente como importados, lo que también impactará los precios internos”, dijo Carlos Montenegro, director ejecutivo de CICR.
La CICR solicitó a los diputados tramitar y aprobar un proyecto de ley presentado por el gobierno para que no se aumente el impuesto de los combustibles por inflación local. Este se actualiza cada 3 meses según se comporte el Índice de Precios al Consumidor, pero la iniciativa congelaría dicha actualización por 12 meses.
