Hermes Solano
En una sesión de más de cuatro horas donde se vieron temas diversos, el Concejo Municipal de Cartago acordó el lunes por la noche suspender el salario del alcalde Mario Redondo.
El ente acordó trasladar la moción presentada a la administración municipal para que conforme a derecho proceda como corresponda.
Esa fue la respuesta recibida desde la Secretaría del Concejo a través del departamento de prensa de la Municipalidad.
“Trasladar la moción a la administración, en conjunto con el oficio 20932 suscrito por la Contraloría General de República para que proceda como en derecho corresponda”, dice el acuerdo.
La moción fue presentada por la regidora Andrea Guzmán y el regidor Marvin Villegas del PAC, y que se fue transformando con el aporte de los regidores Jonathan Arce y Alfonso Víquez.
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Dentro del acuerdo, los regidores solicitaron crear una reserva con los salarios que devenga Redondo para tenerlos disponibles en caso de que se tengan que pagar por una orden judicial.
“Se le solicita a la administración crear una reserva presupuestaria para el eventual pago de los salarios y extremos relacionados para el eventual caso de que una autoridad jurisdiccional lo ordenare. La reserva deberá incluir la indexación de las sumas correspondientes”, afirmaron.
El Observador intentó conocer el criterio de Redondo, pero al cierre de la nota su teléfono aparecía apagado.
Mientras se definió el tema del salario de Mario Redondo, la alcaldía ahora está en manos de Silvia Alvarado, quien fungía como vicealcaldesa.
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Pesó la Contraloría
Para la decisión del Concejo Municipal de Cartago pesó el oficio enviado por la Contraloría General de la República, que consideró improcedente el pago a los funcionarios con una causa penal.
“Este órgano contralor se ha pronunciado en cuanto a la improcedencia del reconocimiento salarial a funcionarios suspendidos por causa penal que impide el desempeño de sus labores”, dijo la Contraloría.
A Redondo, al igual que a otros cinco alcaldes los detuvieron por el llamado “Caso Diamante” que investiga irregularidades en la contratación de obras públicas.
Contra todos se impuso el viernes una suspensión de 6 meses, medida que apelaron de inmediato, por lo que se espera una nueva audiencia.
Tres alcaldes renunciaron voluntariamente al salario: Johnny Araya de San José, Alfredo Córdoba de San Carlos y Alberto Cole de Osa.
Mientras tanto, respecto al alcalde de Escazú Arnoldo Barahona, el concejo esperará que se aclare el proceso judicial; en Alajuela, se esperaba la sesión para este miércoles.
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