Paulo Villalobos
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) emplea mecanismos para el seguimiento de proyectos, control de plazos y de costos que no responden a una metodología estandarizada. Además no emplea herramientas que se alineen a las buenas prácticas en materia de gestión de proyectos.
Así lo determinó la Contraloría General de la República (CGR), en una auditoría hecha sobre cómo opera el Conavi, para controlar los plazos y los costos y dar seguimiento a los proyectos de obra pública.
Según el informe DFOE-IFR-IF-00009-2019, del 21 de agosto de 2019, el ente adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) le sigue la pista a las iniciativas de infraestructura, con falencias en sistematización y comunicación de los involucrados en el proceso.
Esto impide la toma de decisiones para reaccionar con acciones y control de los riesgos. El ente contralor ordenó a la institución actualizar su normativa de vigilancia en la ejecución de obras públicas. Tiene un plazo de seis meses para hacerlo.
El ajuste debe involucrar a la Dirección de Planificación Institucional, la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y las Unidad Ejecutores.
Además, las reglas deberán contar con una certificación del director ejecutivo del Consejo, Mario Rodríguez, y la aprobación del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez.
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Base del informe
Las conclusiones del informe derivan del análisis de las metodologías utilizadas en cinco proyectos:
- Guacimal-Santa Elena, en Monteverde de Puntarenas (ruta 606)
- Santa Ana-Ciudad Colón, en San José (ruta 121)
- Playa Naranjo-Paquera, en Puntarenas (ruta 160)
- Alto San Juan-La Palma, en San José y Puntarenas (ruta 243)
- San José-Limón, en San José y Limón (ruta 32)
Allí se identificaron debilidades en los programas de trabajo utilizados, lo que resulta “agravante” por cuanto es la herramienta base para el control y seguimiento de la ejecución del proyecto.
También se determinó que el Consejo tiene un limitado seguimiento y control del avance físico y del avance financiero de los proyectos.
La falta de seguimiento se debe a falencias en los mecanismos utilizados, los cuales no permiten efectuar la comparación periódica entre el avance real y el programado.
Por otra parte se determinó que en los proyectos examinados se autorizan cambios:
- sin que se evidencie su aprobación
- sin realizar la valoración del riesgo sobre el impacto de estos estos en el alcance, tiempo y costo de los proyectos
- y con una débil gestión de riesgos de proyectos.
El 31 de julio de 2017, la Contraloría dio cuatro meses al Consejo de Vialidad, para que arregle los registros contables de los proyectos viales que tiene a su cargo la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (Unops).
Paulo Villalobos
