Tomás Gómez
Las contrataciones entre instituciones públicas y la Agencia de la ONU de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) llevan años generando polémica y ahora suman un nuevo episodio.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) intentó contratar con el ente un proyecto de asistencia integral denominado “Adquisición e Implementación de Plataformas Digitales de Gestión”. La iniciativa se concentra en la adquisición de servicios informáticos por más de $44 millones.
La contratación, sin embargo, requiere de un aval de la Contraloría General de la República; que por el contratario ha advertido sobre las falencias del convenio tal y como está.
Uno de los puntos de discordia se relaciona con las complicaciones que tendría la Contraloría para auditar el mismo.
La advertencia se hizo en un primer momento y no se implementó. Así lo recalcó el ente contralor en el oficio DCA-3250, de diciembre pasado.
“Se evidencia que la Administración no atendió el requerimiento de esta Contraloría General, a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y competencias de
fiscalización asignadas por el artículo 184 de la Constitución Política y la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República, a este órgano contralor. Lo anterior a efectos de
contar con un acceso ilimitado a toda aquella información que permita el cumplimiento de
una debida fiscalización de los recursos públicos involucrados en la presente
contratación, así como un acceso irrestricto a aquellos bienes, instalaciones, equipos,
pruebas y demás aspectos relacionados con la relación contractual con Unops y con los
procedimientos de contratación implementados mediante Unops”, destaca.
“Toda contratación que involucre la inversión de fondos públicos, debe garantizar y reconocer las potestades de fiscalización que ostenta esta Contraloría General con base en el ordenamiento jurídico costarricense y además las obligaciones de fiscalización que también posee la Administración en general”, sumó.
Más dudas
La Contraloría agregó advertencias sobre falencias en la delimitación de las obligaciones que tendría Unops. Se dificultaría la generación de indicadores para medir el cumplimiento del millonario contrato.
Finalmente, se hicieron cuestionamientos adicionales sobre la experiencia de Unops en este tipo de proyectos; así como sobre las estimaciones de costos.
El INS pretendía que se declararan confidenciales los documentos y el expediente. Tal posibilidad también está frenada por la CGR, que pidió más explicaciones para el secretismo.
“Por las razones expuestas, se deniega el refrendo solicitado”, sentencia el informe.
Privilegios de Unops rozan la ley, dicen constructures
Paralelas a las advertencias de la Contraloría, surgen también críticas de las empresas nacionales sobre las relaciones públicas con Unops.
El llamado es encabezado por la Cámara Costarricense de la Contrucción (CCC), agrupación que reclama, principalmente, más transparencia.
“Se ha reiterado que las prerrogativas e inmunidades de Unops hacen que su participación en procesos de contratación tenga roces con la normativa nacional”, indicó el gremio.
Su presidente, Carlos Trejos, respaldó las anotaciones hechas por la propia Contraloría.
“En este caso particular, la pretendida confidencialidad de la información, aspecto recurrente en los contratos de Unops, es una afrenta a la transparencia en el uso de los recursos del país. Máxime en un contrato en el que se detectaron omisiones relevantes sobre los alcances del objeto contractual, los plazos de entrega y los precios de los entregables”, manifestó.
“La Cámara apoya el actuar de la Contraloría en este caso, esperando que los argumentos sobre la falta de transparencia y falta de justificación de los criterios de escogencia de Unops sean reiterados en un futuro cuando se pretenda contratar a esta organización sin que medie un concurso público”, concluyó Trejos.
Estela de críticas detrás de Unops
Unops fue fundada en 1973 como parte de las iniciativas de Naciones Unidas para la gestión de proyectos. Ser parte de la ONU le genera un marco legal de protección que también ha sido cuestionado.
En Costa Rica aterrizó en el 2014. Según la propia institución, sus principales vínculos los tiene con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Inamu. También resalta los Ministerios de Ambiente, Cultura y Obras Públicas.
Su perfil subió con la llegada al poder del Partido Acción Ciudadana (PAC), específicamente en la administración de Luis Guillermo Solís.
Su intervención en obras como Circunvalación o la Ruta 32 ha generado las mismas críticas de ahora, sobre todo roces con la Contraloría, que de manera reiterada ha señalado su potestad fiscalizadora en los negocios donde Unops maneja fondos públicos.
Para este reportaje se intentó conocer la reacción de Unops a los señalamientos en su contra pero declinaron. Alegaron que el caso aún está en trámite que la CGR y que se ubica en un “momento crítico”.
