Paula Ruiz
La Corte Plena analizó este lunes el proyecto de ley que se analiza en el Congreso cuyo fin es establecer un límite a la reelección de magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia.
El plan se analiza mediante el número de expediente 21.612 presentado por el exdiputado Erick Rodríguez. La modificación busca dejar en ocho años el periodo inicial de una magistratura como sucede en la actualidad pero, solo habría una reelección por igual cantidad de años para un total de 16.
Durante la sesión, los magistrados prestaron atención a la exposición realizada por Rodrigo Campos, director Jurídico del Poder Judicial quien realizó un repaso histórico de las modificaciones sobre periodos en los que una persona puede estar en este cargo.
Campos, destacó que la voluntad del Constituyente en 1949 con el establecimiento del mecanismo para la reelección o no de un magistrado, buscó excluir la presión política.
De esta manera, se estableció que para la no continuidad de un jerarca debía de haber 38 votos en contra. Aunque, también destacó que no son puestos inamovibles porque también hay reglas para la destitución de un magistrado.
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“No es que son inamovibles, hay un mecanismo par que por mayoría calificada se determine su no reelección y hay determinados supuestos si tiene apartamiento de normas éticas o de legalidad podría ser conocido por esta Corte y luego a la Asamblea”, expuso Campos.
Al concluir con sus observaciones, hizo énfasis que habría afectación en el funcionamiento del Poder Judicial. Esto conllevaría a que para la aprobación de la iniciativa de ley se requieran mínimo 38 votos.
“Consideramos que sí afecta el funcionamiento de Poder Judicial al tener incidencia en el diseño institucional, en la operación del Poder Judicial en el tema de relación, separación de poderes y la independencia judicial”, estimó el Director Jurídico.
A la vez, advirtió que el plan podría estar “viciada de inconstitucionalidad en el trámite que se le pueda llegar a dar”.
Lo anterior, con base en votos de la Sala donde se destaca que la Asamblea Legislativa carece de competencia para hacer una reforma parcial a derechos fundamentales y decisiones políticas fundamentales.
“Y nos dice la al como poder reformador derivado está limitado por poder constituyente en su capacidad para reformar la Constitución”, destacó.
Unanimidad
Luego de la exposición de Campos, varios magistrados respaldaron el documento emitido por el funcionario y a la vez, reforzaron que eliminar esta reelección indefinida expondría al Poder Judicial a decisiones de índole político.
“La filosofía que dio pie a la reforma en el año 1949 y que fue después acomodándose, es muy clara en el sentido de que se quiere salvar de toda influencia política al Poder Judicial salvo contadas excepciones”, acotó el magistrado Jesús Ramírez.
A él se le sumó Orlando Aguirre, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia quien coincidió con las apreciaciones de Campos.
A su criterio, la reforma promovida en el Poder Legislativo, afecta el sistema democrático.
“Este tema tiene que ver con un aspecto estructural y sabemos que esto no debe ser o no puede ser objeto de una reforma del poder constituyente derivado por cuanto si se mueve una parte estructural de cualquier construcción, todos sabemos que se afectan otras y en el caso concreto como expresó don Rodrigo (Campos), el movimiento de esta estructura hace que se afecten otras partes del sistema que se construyó en 1949”, puntualizó.
Al cerrar la sesión, los magistrados votaron por unanimidad el informe y con ello, se acoplan a todo lo expuesto en el documento.
El proyecto de ley está siendo visto en una comisión especial que se conformó puesto que se trata de una reforma constitucional.
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