Tomás Gómez
Por medio de un comunicado, las autoridades diplomáticas de varios países de la región reclamaron al Gobierno de Nicolás Maduro por las últimas acciones de represión contra la democracia en Venezuela.
El mensaje fue suscrito por el Gobierno de Costa Rica, en conjunto con los de Argentina y Ecuador, También se sumaron Paraguay y Uruguay.
En primer término, estas naciones fustigaron la detención arbitraria de la activista de los Derechos Humanos, Rocío San Miguel. Al respecto, “hacen un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados”.
La mujer dirigía una ONG enfocada en temas de seguridad. Fue apresada en un aeropuerto de Caracas la semana anterior, sin que por días se conozca su paradero. A ello se sumó la detención de varios de sus familiares.
El pronunciamiento incluye además el reproche por la persecución contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La administración de Nicolás Maduro dio 72 horas para que el personal del ente abandonara el país. El oficialismo tildó al despacho de ser un “bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
El Gobierno de Maduro le atribuye a esta representación de la ONU defender a las voces opositoras.
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La solución de elecciones en Venezuela
El grupo de países firmantes pide que Venezuela cumpla con “la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”.
El panorama se ve complejo, no solo por las acciones contra los defensores de Derechos Humanos sino por la estrategia contra la oposición que está desarrollando Maduro.
En teoría, en la segunda mitad de este año se deberían dar nuevas elecciones. Para garantizar las condiciones necesarias, el régimen chavista y la oposición firmaron en octubre pasado el “Acuerdo de Barbados”; que ponía supuestas garantías y que llevó a que incluso se relajaran las sanciones internacionales contra Caracas.
Se acuerdo tuvo el respaldo de Estados Unidos, que ante nuevas advertencias, restableció las medidas contra la administración de Maduro.
Cuando comenzó el proceso, la oposición definió como candidata en las primarias a María Corina Machado para enfrentarse a Nicolás Maduro, sin embargo se activaron también medidas de presión que llevaron hasta la utilización del mecanismo judicial para inhabilitar a la aspirante.
En ese marco volvieron las reservas sobre la cita “democrática” que tendría el país sudamericano.
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