Paula Ruiz
Costa Rica llegó este lunes a 716 homicidios contabilizados a partir del 1 de enero del 2023, según la cifra dada a conocer esta mañana por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En el mismo periodo del 2022, la cifra fue de 490, es decir se trata de 226 asesinatos más en comparación con el mismo plazo.
Limón y San José continúan siendo las provincias en las que más sangre se ha derramado por esta causa, con 175 y 173 víctimas, respectivamente.
La tercera provincia con más casos es Puntarenas que asciende a 113. Continúa Alajuela con 83 (el año pasado se contabilizaron 86).
Le sigue Guanacaste con 78, Cartago con 55 y cierra Heredia donde se reportan 39 homicidios.
El 81% de los asesinatos que se registran en el país se cometen con arma de fuego, según indicó Michael Soto, subdirector General del OIJ.
Mientras que, el 60% de los homicidios registrados guardan relación con ajuste de cuentas por narcotráfico, especificó Soto.
Carlo Díaz, Fiscal General, enfatizó con que todavía el país está a tiempo de atender esta situación. (Cortesía Asamblea Legislativa).
“2,5 por día”
Carlo Díaz, Fiscal General, tiene claro que la situación es preocupante, pero que desde el Ministerio Público y le OIJ, continuarán realizando las labores que les corresponden, pese a los recursos con los que cuentan.
Díaz destacó en el programa radial “Frecuencia MP” -del Ministerio Público- que esa cifra equivale a ” 2,5 homicidios diarios”.
El OIJ ha logrado mapear la existencia de hasta 340 bandas criminales que operan en el país, aunque según el Fiscal General, los recursos económicos y de personal con los que cuentan, les impide realizar investigaciones sobre todas.
De hecho, enfatizó con que esas son las mapeadas, pero reconoció que pueden haber más como sucedió la semana pasada cuando se realizó un allanamiento en una casa ubicada en Heredia que terminó con la detención de tres personas.
Este caso, se logró gracias a la denuncia de un ciudadano quien habría sido amenazado por miembros de esta banda lo cual implicó la pronta acción de Fuerza Pública, una fiscala y una jueza.
Se logró el decomiso de un vehículo, 100 kilos de marihuana, 27 armas de fuego de las cuales, 19 son armas largas y de uso no permitido. A todos ellos se les impuso prisión preventiva, según especificó el jerarca judicial.
Pese a esto, destacó que realizan consejos consultivos en diferentes puntos del país, como Limón y Puntarenas donde mediante una metodología se le otorgan puntuaciones a las bandas criminales y sobre las de mayor puntaje, es que se comienza a investigar, debido a su peligrosidad.
Frente a esta realidad, jerarcas judiciales recurrieron a la Asamblea Legislativa para solicitarles más dinero ya sea para el cierre de este 2023 como para el 2024, dado que en la actualidad se discute el Presupuesto Ordinario para el próximo año.
En el caso del Ministerio Público, requirieron la habilitación de 292 plazas que permitan la agilización de expedientes y juicios con tal de que la ciudadanía tenga “justicia pronta y cumplida”, según Díaz.
“Yo sí soy bastante positivo en ese aspecto (que estamos a tiempo), podemos todavía encausar investigaciones contra estos grupos criminales, con inversión en recursos, Fuerza Pública podría respirarle en la nuca a los delincuentes, controlando las guerras en las calles y todo esto, podría ser una gran ayuda para poder controlar esta delincuencia no solo en este momento histórico sino a futuro”, concluyó.
Ante estas solicitudes, los diputados que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios, acordaron destinar ¢12.000 millones para el OIJ y ¢8.000 millones para el Ministerio de Seguridad Pública.
Las mociones se empezarán a conocer a partir de este martes y la Comisión tiene plazo para dictaminar el 25 de octubre, destacó Paulina Ramírez, presidenta de este foro.
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